La investigación por presunto lavado de activos que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py sumó un nuevo capítulo y amplió su alcance. El juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar los secretos bancario, fiscal y bursátil del empresario español Juan José Retamero Gómez, su socio Guillermo Daniel García y seis sociedades vinculadas al expediente, entre ellas Minas Argentinas S.A., la empresa que opera la mina Gualcamayo, en San Juan.
La resolución fue firmada el 24 de agosto, a partir de un pedido realizado por el fiscal federal Ramiro González, quien lleva adelante la investigación. La medida permite acceder a información financiera, tributaria y bursátil que hasta ahora se encontraba protegida y apunta a profundizar el análisis de las operaciones comerciales y movimientos de dinero bajo investigación.
El alcance de la decisión judicial contradice, al menos en parte, la estrategia comunicacional adoptada por el grupo empresario de Retamero, que en los últimos días había buscado despegar al empresario de la causa y sostener que la pesquisa estaba limitada a determinadas operaciones de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA) y su relación con Fecovita.
Retamero sostiene que no está imputado
Luego de la difusión de información sobre la causa, desde EVISA cuestionaron las versiones periodísticas y emitieron un comunicado en el que remarcaron que “no existe, a la fecha, ninguna imputación derivada de esa denuncia” contra Retamero.
La empresa también hizo referencia a una posición de la Fiscalía según la cual, por las características de los hechos denunciados, “por el momento no corresponde imputar a persona alguna hasta que nuevos elementos permitan identificar a los autores de la maniobra sujeta a investigación”.
Desde el grupo empresario sostuvieron, además, que la pesquisa se encuentra circunscripta a operaciones realizadas por EVISA y a su vínculo comercial con Fecovita durante los años 2021, 2022 y 2023.
El argumento central de esa postura es que Fecovita era accionista controlante de EVISA y tenía participación en la administración de la sociedad cuando se recibieron fondos provenientes de Iberte. Por ese motivo, según la versión de la empresa, la cooperativa vitivinícola conocía y validaba el origen de esos recursos.
Sin embargo, la resolución de Rafecas amplió expresamente el universo de personas y sociedades sobre las que la Justicia podrá obtener información.
Una medida que alcanza a Minas Argentinas
El levantamiento del secreto bancario alcanza a Juan José Retamero, Guillermo Daniel García, EVISA, Inver S.A., Minas Argentinas S.A., Cabo Vírgenes S.A., ISBER LLC y ERIS LLC.
La misma nómina fue incluida para el levantamiento del secreto fiscal ante ARCA y del secreto bursátil ante la Comisión Nacional de Valores.
El juez consideró que la información protegida por esos secretos “guarda relación directa con el objeto de la investigación” y que su acceso resulta necesario para profundizar el análisis de las operaciones comerciales y movimientos financieros atribuidos a las personas y sociedades alcanzadas por la denuncia.
La inclusión de Minas Argentinas adquiere especial relevancia para San Juan, ya que se trata de la compañía que opera el proyecto minero Gualcamayo, uno de los principales yacimientos auríferos de la provincia.
Retamero no es un empresario ajeno al entramado que dio origen al expediente. Es apoderado de Iberte, sociedad que fue socia de Fecovita en EVISA, y además es propietario de Minas Argentinas.
Por esa razón, aunque desde el grupo empresario insistan en que la investigación no está vinculada con la actividad minera, la operadora de Gualcamayo quedó expresamente comprendida entre las sociedades cuya información podrá ser examinada por la Justicia.
Qué investiga la Justicia
El expediente CFP 5435/2025 se inició a partir de una denuncia presentada por Fecovita contra Retamero y García por presuntas maniobras de lavado de activos y balance falso.
La hipótesis denunciada sostiene que se podrían haber utilizado operaciones financieras y movimientos entre sociedades vinculadas para introducir fondos al circuito local mediante el mecanismo de contado con liquidación, generar obligaciones entre empresas y posteriormente cancelar esas deudas desde el exterior.
Se trata, por ahora, de una hipótesis que se encuentra bajo investigación y que deberá ser corroborada o descartada a partir de la evidencia que reúna la Justicia.
En ese contexto, el fiscal González había solicitado información a la Unidad de Información Financiera y había impulsado medidas vinculadas con las cuentas de EVISA.
Entre los movimientos que aparecen bajo análisis figuran transferencias por más de $1.027 millones realizadas a través del Banco Galicia; un ingreso de $198,6 millones en Banco Macro; créditos por $957,9 millones y débitos por $785,5 millones en Banco Coinag. También se investigan depósitos de cheques y rescates de fondos comunes de inversión por cientos de millones de pesos en Banco Supervielle.
La nueva resolución judicial permite ahora ampliar ese análisis hacia las personas y sociedades vinculadas con el expediente, incorporando información bancaria, tributaria y bursátil.
El trasfondo de una disputa empresarial que lleva años
La causa por presunto lavado de activos se inscribe en una disputa comercial y judicial de larga data entre Fecovita e Iberte.
El conflicto comenzó a fines de 2020, cuando ambas partes acordaron trabajar conjuntamente en la exportación de vino y jugo concentrado de uva. De ese entendimiento nació EVISA, sociedad en la que participaron la cooperativa vitivinícola y la firma vinculada a Retamero.
Con el paso del tiempo, la relación comercial se deterioró y finalmente las partes acordaron rescindir el vínculo el 13 de octubre de 2022.
En aquel documento, Fecovita se comprometió al pago de una deuda de $3.515.622.630,20. En el conflicto también quedó involucrada la bodega Resero, propiedad de Fecovita en San Juan y considerada un actor relevante en la captación de uvas de productores de la provincia.
A partir de entonces se sucedieron denuncias y acusaciones cruzadas.
En Mendoza, una presentación realizada por Guillermo García, quien en ese momento era presidente de EVISA y apoderado de Iberte, derivó en imputaciones contra integrantes de la conducción de Fecovita por presunto balance falso y defraudación. La acusación estaba relacionada con el supuesto ocultamiento de la deuda en los balances de la cooperativa.
Desde EVISA interpretan la nueva denuncia presentada en Buenos Aires como parte de esa disputa y sostienen que podría tratarse de una herramienta de presión para intentar frenar las causas que involucran a directivos de Fecovita.
La Justicia Federal, en tanto, continúa reuniendo elementos para determinar si existieron las maniobras denunciadas.
Una investigación que sigue abierta
El pasado 11 de agosto, Rafecas había delegado la investigación en la Fiscalía Federal N.º 1 y mantenido en suspenso el pedido de Fecovita para constituirse como querellante.
Ahora, con la resolución del 24 de agosto, el magistrado habilitó el acceso a información bancaria, fiscal y bursátil de Retamero, García y las sociedades vinculadas al expediente.
La medida no significa, por sí sola, que exista una imputación formal contra Retamero ni contra las empresas alcanzadas, y tampoco implica que los delitos denunciados hayan sido probados.
Sí representa, en cambio, una ampliación concreta de las herramientas con las que cuenta la Justicia para reconstruir el circuito financiero de las operaciones denunciadas.
Mientras el grupo empresario sostiene que Retamero no es objeto de una imputación y que la causa se concentra en las operaciones de EVISA con Fecovita, la Justicia decidió avanzar sobre información protegida del propio empresario, de su socio y de varias de sus sociedades, incluida Minas Argentinas, la compañía que opera Gualcamayo en San Juan.
El resultado de ese análisis será determinante para establecer si los movimientos financieros denunciados responden a operaciones comerciales legítimas o si, por el contrario, existen elementos que permitan avanzar sobre las hipótesis de lavado de activos planteadas en la causa.
