El oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios en el Senado y decidió postergar hasta agosto el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Tierras, una de las iniciativas más controvertidas del paquete denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». La decisión representa un revés legislativo para el Gobierno, que esperaba avanzar con una modificación sustancial del régimen de propiedad de las tierras rurales en Argentina.
La prórroga fue acordada durante la sesión con el objetivo de continuar las negociaciones políticas y buscar consensos de cara a una nueva convocatoria prevista para el 6 de agosto, aunque esa fecha aún dependerá de los acuerdos parlamentarios.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo plantea cambios profundos en la actual Ley de Tierras Rurales. Entre sus principales puntos se destacan:
- Eliminar el límite nacional que establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país.
- Transferir a cada provincia la facultad de definir si impone o no restricciones a la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.
- Suprimir el tope de hectáreas que actualmente limita la concentración de tierras en manos de un mismo propietario extranjero.
- Mantener restricciones únicamente para Estados extranjeros o empresas con participación estatal, aunque incluso en esos casos se contemplan excepciones con autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.
Un debate que divide posiciones
La iniciativa generó fuertes diferencias tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo. Durante las negociaciones se incorporó una cláusula para otorgar mayor autonomía a las provincias en la regulación de la venta de tierras, una concesión que buscó sumar votos pero que no alcanzó para garantizar la aprobación.
Los sectores que respaldan la reforma sostienen que la legislación vigente desalienta inversiones y limita el desarrollo productivo. En cambio, organizaciones sociales, ambientalistas y referentes de distintos bloques legislativos advierten que la eliminación de los límites nacionales podría facilitar la extranjerización de tierras estratégicas y afectar la soberanía sobre recursos naturales como el agua, los bosques y las zonas de frontera.
Con el tratamiento aplazado, el oficialismo dispondrá de varias semanas para intentar reunir los votos necesarios. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre la atracción de inversiones y la protección del patrimonio territorial argentino continuará ocupando un lugar central en la agenda política nacional
