La provincia de San Juan y el proyecto minero Vicuña avanzan en un acuerdo estratégico que podría redefinir el uso de la infraestructura eléctrica en la región. Según confirmaron fuentes oficiales, la propuesta apunta a que el Estado sanjuanino administre el excedente de energía de la línea eléctrica Nueva San Juan–Rodeo, una iniciativa que será presentada en la audiencia pública que deberá convocar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
El entendimiento en negociación surge en medio de un fuerte conflicto por el uso de la capacidad de transporte eléctrico. La controversia se originó en febrero, cuando el ENRE emitió una resolución que otorgó al proyecto Vicuña el uso prioritario del 90% de la capacidad remanente de la línea de 500 kV frente a terceros. La medida generó un amplio rechazo institucional y empresarial.
Entre los primeros en manifestar su oposición se destacó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, que calificó la decisión como un “ejercicio abusivo del derecho de acceso” y advirtió que la misma desnaturaliza el carácter social y estratégico del sistema eléctrico. A esta postura se sumaron distintos proyectos mineros como Los Azules, Casposo y Hualilán, además de los municipios de Iglesia y Jáchal. Incluso la provincia de La Rioja expresó su preocupación, al considerar que la resolución podría comprometer su futura conexión al sistema eléctrico sanjuanino.
Frente a este escenario, las negociaciones entre San Juan y Vicuña buscan equilibrar intereses. El eje del acuerdo es que la provincia tenga el control sobre la energía excedente de la línea, lo que le permitiría decidir qué nuevos emprendimientos podrán conectarse al sistema. De esta manera, se evitaría que una sola empresa concentre el manejo de un recurso clave para el desarrollo productivo.
Además, trascendió que el entendimiento incluiría compromisos entre privados para ampliar la capacidad energética de la línea. En ese sentido, Vicuña ya manifestó su disposición a financiar las obras necesarias para energizar la línea Nueva San Juan–Rodeo, que actualmente opera en 132 kV, y llevarla a su máxima capacidad de 500 kV mediante inversiones en estaciones transformadoras.
El contexto energético provincial es crítico. Actualmente, San Juan consume prácticamente la totalidad de la energía que recibe desde Mendoza a través de la línea de 500 kV, unos 480 MW promedio. En paralelo, el proyecto Vicuña demandará aproximadamente 260 MW en su primera etapa, lo que tensiona aún más un sistema que ya se encuentra al límite y restringe el ingreso de grandes consumidores.
A esto se suma el plan de infraestructura de la empresa, que contempla la construcción de una nueva línea eléctrica desde Rodeo hasta la localidad de Chaparro, en el departamento Iglesia, y su extensión hasta el proyecto Josemaría, consolidando así un corredor energético clave para la minería.
Con múltiples actores involucrados y posiciones encontradas, la resolución del conflicto quedará supeditada a la audiencia pública que debe convocar el ENRE. Aunque aún no hay fecha definida, se estima que se realizará entre fines de abril y principios de mayo, posiblemente luego de la Expo Internacional San Juan Minera, prevista del 6 al 8 de mayo.
El resultado de estas negociaciones será determinante no solo para el desarrollo de Vicuña, sino también para el futuro energético y productivo de toda la región.
