Finalmente, el gobierno de Javier Milei concretó este martes la privatización de la Vía Navegable Troncal tras firmar el contrato de concesión con la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus. Esta entrega de la principal ruta fluvial argentina ocurre bajo un denso clima de sospechas por el diseño de pliegos a la medida de los ganadores y un evidente entramado de amiguismo empresarial ligado a las terminales de decisión del oficialismo.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía calificó la operación como un «hito histórico de transparencia» y celebró una «nueva era de gestión privada» para la ruta por donde sale el 80% de las exportaciones. Sin embargo, los anuncios de eficiencia comercial lucen como una cortina de humo para ocultar las irregularidades del proceso.
La adjudicación exprés del corredor logístico resolvió una licitación geopolítica clave a favor de grupos corporativos con lazos estrechos con el poder de turno, en detrimento de la transparencia y la competencia justa.
Para intentar mitigar las críticas y la controversia, el Palacio de Hacienda aseguró que el Estado mantendrá un rol de autoridad de control sobre las operaciones de la flamante firma Vía Navegable Argentina S.A. Según el texto oficial, el Ejecutivo además «avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control», con la promesa de sumar a usuarios privados y provincias ribereñas.
