Después de años de investigación, en la Justicia Federal, inicia hoy el proceso contra una familia sanjuanina señalada por haber utilizado programas sociales para quedarse con dinero destinado a beneficiarios vulnerables. Sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de un acuerdo abreviado que evitaría el debate oral completo.
Uno de los acusados es Romeo Isidoro Saavedra, un conocido puntero político de Chimbas, cuya detención en 2017 generó un verdadero escándalo en San Juan. El hombre fue sorprendido cuando realizaba múltiples extracciones en un cajero automático utilizando decenas de tarjetas vinculadas a planes sociales.
El episodio ocurrió en una sucursal bancaria y llamó la atención de quienes aguardaban en la fila, ya que el acusado llevaba varios minutos operando con diferentes plásticos. La situación despertó sospechas y derivó en una intervención policial. Al momento de ser interceptado, los efectivos encontraron en su poder 51 tarjetas y una importante suma de dinero retirada minutos antes.
A partir de allí se inició una investigación federal que terminó apuntando también contra otros integrantes de su entorno familiar. Entre ellos quedó involucrada su hija, Sol Araceli Saavedra, estudiante universitaria, y su hermano Juan José Saavedra, quien en aquel entonces cumplía funciones dentro de la Gerencia de Empleo y Capacitación dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Según la acusación, la organización captaba personas para incorporarlas a programas sociales y luego retenía gran parte del dinero acreditado. La mecánica consistía en gestionar los beneficios, habilitar las tarjetas y posteriormente retirar el efectivo para entregar solo una porción a los titulares de los planes.
Los investigadores sostienen que, en muchos casos, los beneficiarios recibían menos de la mitad del monto asignado por el Estado. El resto quedaba en manos de los acusados, quienes ahora enfrentan cargos por presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública nacional.
El juicio debía iniciar en el Tribunal Oral Federal bajo la conducción del juez Hugo Echegaray, aunque trascendió que la Fiscalía y las defensas mantienen conversaciones para cerrar un juicio abreviado. Si prospera ese acuerdo, los imputados reconocerían los hechos a cambio de penas reducidas.
