La Justicia Federal de San Juan dictó nuevas condenas contra integrantes de la conocida “banda de los DNI falsos”, la organización que operaba desde la delegación del Registro Civil de Pocito y utilizaba documentación adulterada para concretar estafas y obtener créditos de manera ilegal. La pena más severa fue para Natalia Castillo, exresponsable de la oficina, quien recibió 4 años y 8 meses de prisión efectiva.
Las condenas fueron resueltas mediante juicios abreviados acordados entre el fiscal federal Fernando Alcaraz y parte de los acusados. En ese marco, Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba fueron sentenciados a 3 años y 10 meses de prisión, aunque seguirán bajo arresto domiciliario. Por su parte, Marcos Vallejo recibió una pena de 3 años de prisión condicional.
Según la investigación, la organización emitía DNI originales, pero con fotografías y huellas digitales adulteradas. Con esos documentos, los acusados gestionaban préstamos, compraban electrodomésticos y realizaban distintas operaciones financieras utilizando identidades de terceros. La maniobra habría generado un perjuicio económico que supera los 156 millones de pesos.
La causa comenzó a tomar fuerza tras un allanamiento realizado en junio de 2025 en la sede del Registro Civil de Pocito, luego de la denuncia de una persona de Buenos Aires que detectó préstamos y deudas a su nombre en San Juan. A partir de esa presentación, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) realizó una auditoría y detectó al menos 22 irregularidades relacionadas con la emisión de documentos adulterados.
Durante la audiencia judicial, el fiscal también pidió que las víctimas sean indemnizadas por las pérdidas sufridas a raíz de las estafas, un planteo que abrió diferencias con las defensas y complicó parte de los acuerdos.
Mientras tanto, otros acusados continuarán vinculados a la causa y deberán afrontar un futuro juicio oral. Entre ellos aparecen Rolando Navarro Zaide, señalado como presunto líder de la asociación ilícita, y su hijo Rodrigo Navarro Pozo.
