El Consejo Interuniversitario Nacional iniciará acciones judiciales para que se implemente la Ley de Financiamiento cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno. Ricardo Coca, Secretario Administrativo y Financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), expresó que necesitan ese dinero para reactivar equipamiento y bienes de capital.
Coca calificó la decisión del CIN como «predecible» y enmarcada en una estrategia del Gobierno Nacional. «Dentro de la estrategia del Gobierno, ya se sabía que, si no se podía consolidar el veto, ellos dijeron primero que iban a judicializar, pero después cambiaron de estrategia y promulgaron la ley y suspendieron su aplicación, buscando que quien judicialice sea la otra parte», explicó el funcionario.
Impacto en el presupuesto
Las universidades son conscientes de que la suspensión por parte del Ejecutivo impedirá la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario durante el presente año. Por ello, el objetivo de las acciones judiciales es buscar que estos fondos sean afectados al presupuesto del año 2026, el cual ha sido calificado como «bastante exiguo» para el sistema universitario.
El secretario de la UNSJ lamentó que la demora propia de los procesos judiciales anticipa un panorama complejo para el sector. “Todos conocemos los tiempos de la Justicia. Por eso, tenemos que decir que las universidades seguirán con esta escasez de fondos y este recorte”, señaló Coca.
Respecto al destino de los recursos que reclama la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario subrayó la urgencia de cubrir las falencias generadas por la falta de inversión. «A ese dinero lo necesitamos para reactivar equipamientos y bienes de capital, que es lo primero que se deja de comprar. Todo ha quedado obsoleto”, enfatizó, destacando que el ajuste afecta directamente la capacidad de las casas de estudio para actualizar su infraestructura tecnológica y científica.
