El conflicto de la Lavandería Iglesia con Vicuña trajo al debate un tema mucho más amplio que la relación entre una operadora y sus proveedores: La licencia social para toda la minería en San Juan a cambio de contratos, ya que hasta ahora solo han sido migajas sacudidas del mantel ¿Qué opinaron sobre del conflicto los referentes de las cámaras?
Caravana de proveedores locales en vehículos, protestando pacíficamente en Iglesia, San Juan, para exigir contratos mineros.
El acampe pacífico en Iglesia puso en evidencia tensiones en la relación entre proveedores locales y proyectos mineros como Vicuña.
El reciente conflicto entre el proveedor local Lavandería Iglesia – IWS Mining y el proyecto minero Vicuña en el departamento de Iglesia, San Juan, ha puesto en el centro del debate la delicada cuestión de la licencia social en la industria minera argentina. Lo que comenzó como una protesta pacífica y un acampe frente a las oficinas de Vicuña, liderado por el joven emprendedor Ítalo Navarro, culminó en un acuerdo de diálogo tras dos días de resistencia.
El reclamo, centrado en la exigencia de contratos directos y una inclusión real de proveedores iglesianos en la cadena de valor, expuso tensiones históricas: la priorización de empresas externas en licitaciones integrales versus la necesidad de oportunidades locales.
Aunque el acampe se levantó con promesas de licitaciones competitivas y una línea abierta de negociación, el episodio resalta cómo la minería, bienvenida por su potencial económico, debe equilibrar el desarrollo comunitario para mantener su legitimidad social, dialogando desde la transparencia y generando credibilidad.
Se consultó a referentes de las principales cámaras mineras de la provincia antes de que se resolviera el conflicto, capturando sus perspectivas en un momento de alta tensión. Aunque el acuerdo posterior alivia la situación inmediata, estas opiniones siguen siendo cruciales para entender el trasfondo estructural: la brecha entre diálogo institucional y acciones extremas, las políticas de contratación de las mineras, y la urgencia de medir y fortalecer la licencia social.
A continuación, exploramos las posturas de Natalia Varela (referente de CAPRESMI), Fernando Godoy (presidente de CAPRIMSA), Marcela Aguilera (presidente de la Cámara Minera Iglesiana Tierra Minera) y Víctor Alberto Grau (presidente de A.I.TUR.I.C.). Se consultó también a CASEMI a través de su presidente Juan Pablo Delgado pero éste decidió no responder. Cada voz aporta matices al debate, desde el énfasis en el diálogo hasta críticas al asociativismo y la necesidad de reformas regulatorias.
El acampe pacífico en Iglesia puso en evidencia tensiones en la relación entre proveedores locales y proyectos mineros como Vicuña
Panel de referentes de cámaras mineras de San Juan en un evento sobre políticas de contratación y licitaciones.
Los referentes de las principales cámaras mineras de San Juan analizan el conflicto de la Lavandería Iglesia y debaten sobre la licencia social y las políticas de contratación
Diálogo vs. medidas extremas: ¿piquetes o negociación?
Uno de los nudos centrales en las opiniones de los referentes es el equilibrio entre el diálogo institucional y las protestas directas, como el acampe realizado por Lavandería Iglesia. Natalia Varela, referente de CAPRESMI, una cámara con 83 socios en Iglesia, expresó una clara preferencia por el diálogo, reconociendo la complejidad del reclamo pero cuestionando la escalada. “Es un tema complicado, el tema de los piquetes, porque hay una ley y te llevan preso. Nosotros no estamos de acuerdo en llegar a ese extremo de los piquetes. «Estamos más abiertos al diálogo, a las conversaciones, a las reuniones», afirmó Varela.
En una línea similar, Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, ofrece una visión más comprensiva hacia las medidas extremas, viéndolas como un último recurso ante la falta de respuesta. “Si opino por Caprimsa, me parece que la medida es aceptable. Porque si no tienes respuesta, ¿Cómo contener a las personas si no hay comunicación?. Es parte de lo que Vicuña tiene que mejorar, y me parece que todos lo estamos solicitando. Él ha tomado esa medida porque quizás no visualizaba otra”, explicó Godoy, destacando que su cámara prefiere el diálogo pero respeta la genuina frustración: “Caprimsa, está más en la idea del diálogo, de sentarnos a una mesa a debatir cosas. […], no estamos de acuerdo en ir y participar en la movilización, pero sí lo estamos en el respeto hacia todos, porque nos parece genuino, nos parece bien. Son parte de la sociedad que no se siente contenida y pueden reclamar”.
Por su parte, Marcela Aguilera, al frente de Tierra Minera, con 40 socios iglesianos enfocados en servicios mineros, valida el reclamo pero enfatiza la necesidad de acciones colectivas sobre individuales. “En realidad consideramos el reclamo muy legítimo. Representa la situación de varios de los emprendimientos iglesianos que estamos en la misma búsqueda: oportunidad para trabajar”, dijo Aguilera. Sin embargo, advierte que un “reclamo un tanto aislado —no quiero minimizar el reclamo de los chicos, muy por el contrario— no surte el efecto que podría tener o el impacto que podría tener si estuviera respaldado por los integrantes, al menos de la cámara en la que están nucleados los chicos”.
A su vez, Víctor Alberto Grau, presidente de A.I.TUR.I.C., en su reflexión personal, califica las manifestaciones como “medidas extremas, es como sacar la reina al tablero sin haber movido antes ninguna otra ficha. Son pasos que solo deben darse cuando se han agotado los caminos, de las alianzas y de la organización colectiva y del diálogo negociador”. Grau critica el historial de piquetes en Iglesia como un “círculo vicioso de una relación tóxica”, donde “se juntaban cien en la ruta, salían tres contratos, y los noventa y siete restantes formaban otra cámara”, atribuyendo parte del problema a “políticos demagogos y cobardes que actúan como instigadores en las sombras”.
El emprendedor sanjuanino Ítalo Navarro, líder del movimiento de proveedores locales, en una reunión sobre el conflicto minero
El joven emprendedor Ítalo Navarro logró sentar a la mesa de diálogo a la empresa Vicuña.
Políticas de contratación: ¿Licitaciones integrales o segmentadas?
El reclamo de Lavandería Iglesia cuestionó específicamente las licitaciones “paquetizadas” de Vicuña, que integran servicios como lavandería con catering y limpieza, excluyendo a pymes locales. Los referentes coinciden en la necesidad de revisar estos procesos para fomentar el compre local.
Natalia Varela reconoció la complejidad: “Lo que sentimos nosotros es que están entrando empresas de otro lado, pero nosotros estamos en diálogo con Vicuña, gestionando”. Sobre los socios de CAPRESMI, Varela admitió: “Son 83, y de esos 83, ¿Cuántos tienen contrato con Vicuña o con alguna minera?. Hay varios socios que no están trabajando, hay algunos que no cumplían con la licitación, han perdido por muchas cosas”.
Fernando Godoy es enfático en apoyar la segmentación de licitaciones, citando ejemplos exitosos: “Me parece espectacular. Caprimsa hace 4 o 5 años viene pidiéndole a Barrick, y Barrick ha cambiado muchísimas cosas a favor. Por ejemplo, la licitación de gastronomía es gastronomía, la licitación de limpieza es limpieza, y la licitación de mantenimiento es mantenimiento. […] No puedes darle todo el servicio, no es imposible. Mentira. ¿Por qué imposible si Barrick lo hace?”. Godoy, critica la concentración de contratos: “Crean empresas y hay que abrir el panorama, porque si no al ser tan grandes no hay desarrollo genuino’”.
Marcela Aguilera detalla frustraciones con Vicuña: “Llevamos prácticamente 2 años reuniéndonos, y hubo avances en las metodologías o las formas en que queremos trabajar. […] Tenemos la UTE Terusi y Semisa que gana la licitación para hacer los dos tramos del corredor norte, y llevamos dos meses pidiendo una reunión o una mesa de trabajo con esta gente para que nos digan qué servicios y qué productos van a necesitar y cuánto van a tomar de la comunidad. Todavía no lo hemos podido concretar». Esto, según ella, genera «incomodidades, genera rispideces, genera muchos reclamos”.
Víctor Alberto Grau propone reformas: “Necesitamos tres cosas: Primero, una ley de proveedores locales que nos proteja y promueva el asociativismo. […] Segundo, una resolución que obligue a las empresas mineras y todas sus prestadoras instalen su infraestructura en Iglesia. […] Tercero, que las licitaciones sean digitales, públicas, abiertas y transparentes”.
Licencia Social: medir para existir
La licencia social emerge como tema pivotal, con llamados a su medición y fortalecimiento. Natalia Varela ve a Vicuña en fase inicial. «También hay que ser conscientes de que Vicuña se está recién organizando en el trabajo, así que creo que no tengamos que llegar a esa medida. Con el diálogo podríamos solucionar varias cosas”.
Fernando Godoy insiste: “Es lo que nosotros venimos diciendo sobre el tema de la licencia social, que no está certificada en la escribanía, tienes que ayudarla, condimentarla todos los días. […] Por más que un proyecto sea de ese nivel y esa envergadura, nos tenemos que cuidar entre todos”. Godoy cuestiona el asistencialismo superficial: “Los niveles de capacitación no sirven porque llenas con un compromiso de la empresa contratista […]. Cuando empiezas con ese sistema de capacitaciones y la gente no tiene trabajo, es un boomerang que se vuelve en contra … Hay que preguntarse muchos temas. ¿Qué hizo la política durante 20 años en Iglesia?”.
Marcela Aguilera vincula la licencia social a resultados concretos: “Avanzamos en el diseño de esa metodología de trabajo, pero en realidad, no nos está dando resultados o por lo menos, no los que nosotros queremos o esperamos”.
Víctor Alberto Grau es directo: “La licencia social no es un discurso vacío. […] Por eso necesitamos un Observatorio de Licencia Social, con un puntaje público para cada minera y cada prestadora de servicios. Porque si no podemos medir la licencia social, estamos hablando de un abstracto absoluto que no tiene sentido. Y si no la medimos, entonces debemos decirlo sin miedo: como alguien dijo alguna vez, ‘si no puedes medirlo no existe’.
Víctor Grau: «Hoy en Iglesia la licencia social en Iglesia no se mide… ergo no existe”.
Asociativismo y Mea Culpa: Hacia un Cambio Estructural
Los referentes llaman a la unidad y autocrítica. Natalia Varela menciona diálogos en curso: “Estamos dialogando con Vicuña, estamos tratando de negociar, estamos gestionando para poder insertarnos en la minería”.
Para Fernando Godoy se necesita una visión colectiva: “Hay un conjunto de temas políticos, de compañía, de las cámaras. Hay que hacer un mea culpa. […] Hay cámaras que llevan 15 o 20 años, y hablo a nivel de las comunidades y provincial, porque cuando levantamos la voz, tenemos que decir qué pasó en esa ausencia”, al mismo tiempo agrega: “Todos esos socios que llevan entre 12 y 15 años, ¿Qué hicieron por la minería de San Juan o por el desarrollo de los proveedores de Iglesia?”.
Marcela Aguilera promueve acciones conjuntas: “Los diferentes representantes de todas las cámaras de Iglesia nos hemos dado la tarea de dialogar, de organizarnos y realizar acciones conjuntas que nos beneficien a todos”.
Asimismo, Víctor Alberto Grau enfatiza el asociativismo: “La verdadera fuerza está en la masa crítica, la organización, el orden y el asociativismo, no en los reclamos individuales. […] Iglesia tiene una forma muy particular de construir poder. Aquí se espera que la orden venga de arriba […] Esa no es una forma legítima ni eficiente de construir poder”. Grau critica el malgasto histórico: “En este tiempo, más de 200 millones de dólares ingresaron al departamento de Iglesia por la minería. Y hoy hay que buscar con lupa dónde está ese dinero invertido. La respuesta es clara: seguramente malgastado, en formatos viejos y en estructuras inútiles”.
Conclusión
Estas voces, recogidas en el pico del conflicto, iluminan un sector en transformación. El acuerdo con Lavandería Iglesia es la punta del Iceberg, todo lo que está por detrás de un hecho tan puntual como este engloba temas que merecen un debate integral en la sociedad sanjuanina y argentina: licencia social, tipo de capitalismo, cuidado ambiental, sustentabilidad y una pregunta que queda para otra nota: ¿Qué hará el Estado sanjuanino con los recursos que genere la minería?
Fuente: Acero Y Roca- Magazine
Escrito por: Lucas Laciar
