

Una de las principales notas del Derecho del Trabajo está dada por el conflicto subyacente y el dialogo permanente y a partir de allí la necesidad de la adecuación normativa a fin de que el derecho no se convierta en letra muerta.
Desde esa particularidad se plantea la necesidad de sindicalización de las Fuerzas de Seguridad en el libro recientemente publicado por la Dra. Cristina Azocar titulado Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad. El Servicio Penitenciario. Armonización con otros Derechos.
La autora plantea como eje de análisis la libertad sindical y desde allí la necesidad del reconocimiento de sindicalización a las Fuerzas de Seguridad, partiendo, como hecho motivador, de la experiencia en la Provincia de Córdoba en el año 2013 – autoacuertelamiento de la policía por reclamos salariales y mejoras laborales – con consecuencias que se proyectaron y se proyectan en todas las jurisdicciones.
En ese contexto, el análisis de la temática es encarando por Azocar con un exhaustivo estudio de los tratados internacionales con jerarquía constitucional – art. 75 inc. 22 CN-; los criterios de interpretación de los órganos de control de la OIT; el derecho comparado; la proyección del art. 14 bis de la Constitución Nacional, legislación nacional, provincial y proyectos legislativos presentados en el orden nacional.
Bajo este marco normativo, y desde una crítica a las decisiones judiciales de nuestros más altos órganos jurisdiccionales en relación a la prohibición de sindicalización a las Fuerzas de Seguridad y en particular a los agentes del Servicio Penitenciario, la autora plantea la necesidad de readecuación de la normativa aplicable, particularmente en la Provincia de Córdoba, conforme instrumentos internacionales y criterios de los órganos de control de la OIT lo cual, entiende, que en la actualidad, “impone una mirada no sólo jurídica, sino también sociológica”, validándose desde allí la propuesta en cuanto al reconocimiento del derecho a sindicalizase a esta categoría de trabajadores.
La posición asumida por Cristina Azocar, la obligó a introducirse en el análisis de los derechos emergentes del derecho de sindicalización, esto es, la negociación colectiva y el derecho de huelga, con las limitaciones necesarias que impone la actividad sectorial objeto de estudio.
El libro se plantea en nueve capítulos, con un desarrollo que, excepto en lo referente a la específica modificación normativa que como propuesta se ofrece para la legislación cordobesa, navega por un análisis legal, doctrinario y jurisprudencial que abarca los puntos álgidos de la problemática del reconocimiento de derechos colectivos laborales al personal de fuerzas de seguridad en general. Los capítulos son independientes entre sí, brindando un tratamiento completo y autónomo de la institución jurídica que se aborda (libertad sindical – negociación colectiva – derecho de huelga) con conclusiones parciales que se interrelacionan y conectan entre sí y que conforman finalmente las reflexiones finales.



La temática ha causado muchísimo interés debido no solo a lo novedoso y actual del objeto de investigación sino también ante la realidad que hoy lo atraviesa, lo cual se agudiza ante la situación de las cárceles en Argentina donde la superpoblación carcelaria es consecuencia de un problema estructural y profundo que no se resuelve solo con mayor infraestructura y traslados de establecimientos penitenciarios como se proyecta en algunas Provincias.
Hablar de hacinamiento y superpoblación es hablar también de derechos humanos vulnerados de políticas públicas ausentes o ineficientes y de una deuda social que se arrastra desde hace décadas.
En este contexto los agentes de los servicios penitenciarios – integrantes de las Fuerzas de Seguridad – son víctimas del mismo sistema que padecen los internos.
Estos agentes trabajan en condiciones de sobrecarga, con escasos recursos, con escaso acompañamiento psicológico, en exceso de jornada y sin descansos, en tensión permanente.
El estrés, el desgaste profesional, la exposición a situaciones violentas son parte de su rutina, lo que inevitablemente afecta el clima interno de los penales, además de la psiquis del agente y de su vida en relación.
Toda esta situación que se proyecta también al resto de las Fuerzas de Seguridad lleva a reclamos no escuchados, peor aún, silenciados y que merecen y necesitan ser canalizados a través del dialogo entre autoridades legitimadas para negociar a tal fin. Es por ello y desde la necesidad de cuidar a quienes nos cuidan que la autora justifica la necesidad de sindicalización de los trabajadores que integran las Fuerzas de Seguridad.