Con la suspensión de la actividad minera vinculada al litio en el Salar del Hombre Muerto, la Corte de Justicia introduce un factor de incertidumbre con ramificaciones y alcances imprevisibles.
La sentencia prohíbe al Gobierno conceder permisos y habilitaciones litíferas hasta que no realice un informe de impacto ambiental “acumulativo e integral” sobre los efectos concurrentes que tendrían en la zona siete emprendimientos que están en distintas etapas de desarrollo, entre los cuales se encuentra el único en explotación, que es Fénix, a cargo de la norteamericana Livent. Esto es: el máximo tribunal de la Provincia considera que los controles ambientales realizados hasta ahora sobre la minería de litio han sido defectuosos.
El Gobierno asegura, sin embargo, que “desde la Corte nunca se solicitó o recurrió a la información y estudios existentes en materia ambiental sobre el Salar del Hombre Muerto”. De ser cierto, los jueces habrían emitido con datos parciales un fallo que tiene severas consecuencias económicas, sociales y políticas.
El Gobierno analiza por estas horas varias vías de acción judicial para intentar revertir la medida cautelar concedida al cacique Román Guitian, de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano.
Mientras, la sentencia repercutió a nivel nacional e internacional y puso en alerta a potenciales inversores, que comenzaron a revisar sus decisiones en un momento económico crítico para la provincia y el país.
Aunque tenga validez solo para la zona del Salar del Hombre Muerto, sienta un precedente inquietante en cuanto al criterio de la más alta instancia judicial de la Provincia.
Nadie está dispuesto a arriesgar un peso hasta que no se aclare el panorama.
La decisión de la Corte afecta además a una gran cantidad de gente que vive de la actividad. Obviamente, a los trabajadores de cada uno de los emprendimientos localizados en el Salar, pero también a toda la cadena de proveedores y contratistas que verán cerrarse inesperadamente sus fuentes de ingresos en el marco de una recesión que los deja sin alternativas de reinsertarse. No solo están en juego los miles de millones de dólares de los holdings y las contribuciones al Estado.
El fallo marca un quiebre en la política minera provincial y afecta la credibilidad y la seguridad jurídica de la Provincia como destino de inversiones.
Por supuesto, está también la cuestión no menor de la integridad ambiental y los argumentos que la Corte desplegó para preservarla.
El Gobierno les anticipó a los representantes de la Asociación Minera Argentina (AOMA) y la Cámara de Proveedores Mineros que pondrá a disposición de la Corte la documentación correspondiente la semana que viene, con expectativas de que los jueces revisen su posición.
Habrá que ver si alcanza para satisfacer los extremos preventivos planteados por magistrados.
Independientemente de la valoración que se haga de la sentencia, emerge como el punto más álgido hasta ahora de la fuerte tensión entre el Gobierno y la Corte que empezó a escalar el año pasado por la disputa presupuestaria.
Más allá del profundo impacto específico del episodio procesal, también erosiona la credibilidad de la Provincia el hecho de que dos instancias del calibre de los poderes Ejecutivo y Judicial tengan un diálogo tan deficiente, por no decir roto.
Es un elemento que conviene estabilizar cuanto antes, no tan solo por el futuro de la minería, sino por elementales razones de previsibilidad jurídica y política.
