Mientras el Gobierno choca con dificultades para obtener el visto bueno del Congreso para sus iniciativas, el ministro del Interior Guillermo Francos sugirió que sin una Ley aprobada por los legisladores los empleados en relación de dependencia que gozaron de una reducción del pago del Impuesto a las Ganancias a fines del año pasado van a tener que pagarlo en forma retroactiva. El problema surge por un tecnicismo propio de la forma en que Sergio Massa interrumpió las percepciones del tributo en octubre, noviembre y diciembre pasados. Especialistas calculan que serían unos $2.200 millones de salarios que ya se pagaron y que generaría deudas que parten de entre $500.000 y $600.000 por contribuyente.
“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.
“Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.
El problema está en un bache legal que tuvo la reducción de Ganancias decidida por el Gobierno anterior. Massa consiguió aprobar una Ley que reducía el pago del impuesto para este año, ley que contó entre otros votos con el del entonces diputado nacional y hoy presidente Javier Milei. Pero esa Ley aplica al impuesto de este año.
Para tapar el bache, Massa acompañó la sanción de la Ley con un decreto en el que se le indicaba a la AFIP no retener el Impuesto a las Ganancias a los salarios del último trimestre del año pasado que hayan quedado debajo del nuevo piso. La decisión tenía lógica si se esperaba que una Ley posterior determinara que esos impuestos no retenidos dejaban de existir. Pero esa norma nunca se aprobó.
“Los impuestos tienen que surgir de una ley del Congreso, el poder ejecutivo sólo puede reglamentar cómo se paga y otros pormenores, pero a la obligación del contribuyente la establece la ley”, dijo el tributarista Mariano Ghirardotti a Infobae
“Si el poder ejecutivo, por decreto, dice no le retengan los últimos tres meses meses del año pero hasta que no haya una ley que lo refrende, la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado”, agregó.
Ahora que el nuevo Gobierno busca alcanzar el equilibrio fiscal necesita llevar al tributo a niveles similares a los que se pagaban antes de los cambios aplicados durante la campaña electoral.
Los números que deberían pagar en forma retroactiva quienes trabajaban durante el último trimestre de 2023 en relación de dependencia, ejercían cargos públicos o percibían jubilaciones son importantes. En la profesión contable hay estimaciones que rondan los $2.200 millones en total y cálculos que indican que esas deudas partirían —es decir, serían como mínimo— de cifras cercanas a los $500.000 o $600.000 por contribuyente.
“Las deudas más probables que se les pueden generar a los empleados están vinculadas a que la escala del impuesto que surge de la Ley del Impuesto a las Ganancias y que se debe considerar para determinar el impuesto es menos beneficiosa que las que fueron consideradas por los empleadores para practicar las retenciones del impuesto”, dijo Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios.
“Sería importante que, a la brevedad, el Congreso sancione una Ley ratificando las disposiciones que surgen de los Decretos 415/2023 y 473/2023 y sus normas reglamentarias, y que la AFIP habilite el aplicativo para poder realizar las presentaciones de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, como así también del impuesto sobre los bienes personales”, agregó el especialista.
La amenaza de un cobro retroactivo de Ganancias, por ahora, está siendo leída como un elemento dentro de la puja entre el oficialismo y un Congreso que no le responde. Más bien una moneda de cambio que una verdadera intención de cobrar esas deudas.
