El presidente argentino, Javier Milei, ha generado controversia al expresar su satisfacción en redes sociales ante la unión de la «casta» política, que según él, ha arruinado la vida de los argentinos para proteger sus privilegios. Este comentario surge en medio de un conflicto desencadenado por la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de detener la entrega de la producción petrolera debido a la retención de $13.500 millones por parte del Ministerio de Economía. En respuesta, Milei habló de «la casta» y la oficina presidencial calificó la advertencia como «chavista».
Posteriormente, el presidente, sin mencionar nombres, se dirigió a «Nachito y sus cómplices», citando el artículo 194 del Código Penal. El gobierno central llamó a los gobernadores provinciales «degenerados fiscales» y emitió un comunicado en el que se califica la situación como una «amenaza de carácter chavista». Se subrayó que los $13.500 millones retenidos corresponden a una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
En el comunicado, se destacó el compromiso del gobierno con la reducción del gasto público y se instó a los gobernadores a seguir este ejemplo. La Oficina del Presidente lamentó que el gobernador Torres se niegue a entender la situación financiera y emita amenazas chavistas respaldadas por otros líderes provinciales.
En el comunicado, se destacó el compromiso del gobierno con la reducción del gasto público y se instó a los gobernadores a seguir este ejemplo. La Oficina del Presidente lamentó que el gobernador Torres se niegue a entender la situación financiera y emita amenazas chavistas respaldadas por otros líderes provinciales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino en el intercambio detallando la deuda de Chubut y asegurando que el gobierno provincial no ha solicitado la cancelación de la misma. Mientras el presidente Milei se mostraba despreocupado y riendo durante su viaje a Washington, el ministro del Interior, Guillermo Francos, respondió a Torres asegurando que no se retuvo nada ilegal y justificando la retención como parte de acuerdos previos.Francos argumentó que Torres no tiene derecho a poner plazos al Estado Nacional y advirtió que cualquier intento de detener el suministro de petróleo sería ilegal y perjudicial para la provincia. En medio de este cruce de declaraciones y responsabilidades, la situación ha llevado a una confrontación sin precedentes, mientras la población argentina observa con atención las posibles consecuencias de esta disputa política.
