
El Decreto 1366/2026 introdujo cambios en los criterios para reconocer proveedores locales, los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el ingreso de divisas. Las modificaciones tendrán impacto en los proyectos mineros sanjuaninos adheridos al régimen, entre ellos Vicuña, Los Azules y El Pachón.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y estableció nuevas condiciones que tendrán impacto en los principales proyectos mineros de San Juan. Los cambios alcanzaron la participación de proveedores locales, los compromisos de inversión, las reorganizaciones empresariales y los mecanismos para acreditar el ingreso de divisas al país.
La medida fue instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de aportar mayor claridad a la aplicación del régimen, facilitar la incorporación de empresas proveedoras y establecer procedimientos para los cambios en la estructura societaria de los proyectos.
Para San Juan, donde avanzan iniciativas de gran escala vinculadas al cobre, las modificaciones adquieren especial relevancia. Entre ellas se encuentran Vicuña, Los Azules y El Pachón, que cuentan con adhesión al RIGI y representan inversiones estratégicas para el desarrollo minero provincial.
Más empresas podrán ser consideradas proveedores locales
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la definición de proveedor local, una cuestión que generó debate en las provincias mineras por las posibilidades de participación de las empresas radicadas en el país.
Con la nueva reglamentación, la condición de proveedor local estará determinada exclusivamente por la constitución de la empresa y su domicilio en Argentina, sin importar la nacionalidad, la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.
De esta manera, una compañía de capitales extranjeros que esté constituida y tenga domicilio en el país podrá ser considerada proveedora local dentro del RIGI.
La modificación busca ampliar el universo de empresas que pueden participar de las grandes inversiones y facilitar la integración de proveedores radicados en territorio argentino. Sin embargo, se mantiene la exigencia de que los bienes suministrados cumplan con las reglas de origen nacional establecidas por el MERCOSUR.
Este punto resulta significativo para San Juan, donde las empresas locales buscan posicionarse como proveedoras de bienes y servicios para los proyectos mineros de gran escala.
Vicuña tendrá cambios en las exigencias de inversión
Otro de los aspectos centrales de la modificación está relacionado con los plazos para cumplir los compromisos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
La nueva normativa establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto. De esta manera, diferencia el cumplimiento de la inversión total de los compromisos correspondientes a cada etapa individual y evita la superposición de exigencias temporales.
El cambio tiene especial incidencia en Vicuña, el megaproyecto de cobre que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, desarrollado en partes iguales por Lundin Mining y BHP.
La iniciativa obtuvo su adhesión al RIGI bajo la categoría PEELP, una modalidad que contempla compromisos de inversión superiores a los exigidos para los proyectos convencionales.
Mientras que en un RIGI tradicional las empresas deben acreditar una inversión mínima de 80 millones de dólares durante los primeros dos años, para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo el requisito inicial asciende a 400 millones de dólares.
Vicuña obtuvo la aprobación del régimen para una inversión estimada en 9.712 millones de dólares y proyectó desembolsos de al menos 2.000 millones de dólares durante las dos etapas previstas para su desarrollo.
Con la modificación reglamentaria, el cumplimiento del monto mínimo global deja de estar sujeto a exigencias anuales o parciales superpuestas y pasa a concentrarse en una fecha límite única. Esto flexibiliza el cronograma de acreditación de las inversiones y otorga mayor margen para organizar los desembolsos a lo largo del desarrollo del proyecto.
Nuevas condiciones para incorporar socios y reorganizar empresas
El decreto también introdujo precisiones sobre los cambios en la estructura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las sociedades responsables de ejecutar las inversiones adheridas al RIGI.
Entre las disposiciones se estableció que la adquisición de acciones o participaciones de un VPU por parte de terceros no modificará los derechos obtenidos bajo el régimen. Sin embargo, esas operaciones no podrán computarse como inversiones en activos computables para alcanzar los montos mínimos exigidos.
Además, se habilitó expresamente la cesión de participaciones y el ingreso de nuevos integrantes a los proyectos. Estas operaciones deberán notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción, mientras que el organismo tendrá un plazo de 30 días corridos para formular observaciones.
La disposición podría resultar relevante para iniciativas sanjuaninas como Los Azules, de McEwen Mining, y El Pachón, de Glencore, en caso de que sus estructuras societarias contemplen la incorporación de nuevos socios o modificaciones en las participaciones.
Asimismo, se autorizó la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). En esos casos, se conservarán la fecha de adhesión original y los derechos adquiridos, sin que la operación sea considerada una nueva incorporación al régimen.
Flexibilización para el ingreso de divisas
Otro de los puntos modificados está vinculado con las condiciones para acceder al mercado de cambios y acreditar el ingreso de divisas a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La nueva reglamentación permite computar como divisas liquidadas no solamente los fondos ingresados directamente por el Vehículo de Proyecto Único, sino también aquellos provenientes de aportes de accionistas o socios no residentes y de endeudamientos externos, siempre que hayan sido liquidados por esas personas o entidades.
Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al desarrollo del proyecto y contar con registros contables que permitan garantizar su trazabilidad.
De esta manera, el Gobierno amplió las alternativas para acreditar el financiamiento externo de las inversiones y estableció condiciones para asegurar que los fondos tengan como destino las actividades comprometidas dentro del RIGI.
Un nuevo escenario para las inversiones mineras de San Juan
Las modificaciones reglamentarias abren un nuevo escenario para los proyectos mineros que avanzan en San Juan, especialmente por las facilidades incorporadas para ampliar la participación de proveedores, reorganizar estructuras empresariales y administrar los compromisos de inversión.
En una provincia que tiene al cobre como uno de los principales motores de su proyección económica, la posibilidad de incorporar más empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro constituye un aspecto de especial interés para el entramado productivo local.
No obstante, la ampliación de los criterios para reconocer proveedores locales no garantiza por sí sola una mayor contratación de empresas sanjuaninas, ya que la participación efectiva dependerá de las decisiones de compra de cada proyecto y de la capacidad de las firmas provinciales para cumplir con los requisitos técnicos, financieros y operativos.
En ese contexto, los cambios en el RIGI no solamente repercutirán en la planificación financiera de los grandes emprendimientos, sino que también volverán a poner en discusión cuánto de las inversiones mineras podrá traducirse en actividad económica, empleo y desarrollo de proveedores en San Juan.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.













