Un pedido de nulidad presentado por las defensas volvió a frenar la audiencia judicial. La Fiscalía rechazó el planteo por considerarlo dilatorio y la jueza Mónica Lucero resolverá el próximo 17 de noviembre. Mientras tanto, la investigación por las presuntas irregularidades en una de las obras más cuestionadas de San Juan continúa sin avanzar a la instancia de formalización.
La causa judicial por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en suspenso. Este miércoles 11 de noviembre, un nuevo planteo de las defensas obligó a disponer otro cuarto intermedio y postergó, una vez más, la formalización de los investigados.
El conflicto se originó a partir de un pedido de nulidad presentado por el abogado Juan Pablo Ortega, defensor de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. A su planteo adhirió Marcelo Fernández, representante legal del senador Sergio Uñac.
Los abogados cuestionaron el procedimiento utilizado por la jueza de Garantías Mónica Lucero para resolver una recusación presentada anteriormente. Según argumentaron, la magistrada habría rechazado por sí misma un pedido de apartamiento que, de acuerdo con la interpretación de las defensas, debía ser resuelto por el Tribunal de Impugnación.
Para los letrados, esta situación podría configurar una nulidad absoluta por vulneración de las garantías constitucionales, la imparcialidad judicial y el derecho de defensa.
Desde la Fiscalía, Sebastián Gómez rechazó el planteo y lo calificó de maniobra dilatoria. La acusación sostuvo que aceptar ese criterio podría habilitar que cualquier denuncia contra un magistrado derivara automáticamente en un pedido de apartamiento.
Ante la controversia, Lucero dispuso un nuevo cuarto intermedio y fijó para el martes 17 de noviembre, a las 14.30, la resolución sobre el planteo de nulidad.
ONCE INVESTIGADOS Y UNA CAUSA QUE NO TERMINA DE AVANZAR
Mientras las discusiones procesales mantienen paralizada la audiencia, la Fiscalía ya expuso su hipótesis sobre las presuntas maniobras irregulares en la contratación y ejecución de la obra.
El Ministerio Público solicitó la imputación de diez de los once investigados presentes o convocados al proceso. El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no estuvo en la audiencia por encontrarse de viaje y su situación será abordada en otra instancia.
Entre los principales investigados aparecen el senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, además de exfuncionarios de OSSE y representantes de la empresa Krah América Latina.
La hipótesis fiscal sostiene que durante distintos períodos de gestión se habrían flexibilizado controles, modificado exigencias técnicas y permitido procedimientos que favorecieron la participación de la firma en las licitaciones.
También se investigan presuntas irregularidades en la confección de los pliegos, la adjudicación de contratos, el control de los materiales y las decisiones adoptadas cuando comenzaron a detectarse fallas en las tuberías.
LAS ACUSACIONES Y EL POSIBLE PERJUICIO A LAS ARCAS PÚBLICAS
Entre los hechos expuestos por la Fiscalía se encuentran las presuntas deficiencias de las tuberías, los problemas en el sistema de electrofusión y las decisiones administrativas adoptadas frente a esos inconvenientes.
Uno de los puntos señalados involucra un convenio por 250 millones de pesos firmado durante la gestión de Guillermo Sirerol, que habría permitido avanzar con la reinstalación de las tuberías pese a las deficiencias reconocidas en el sistema.
También se cuestionó la contratación de una consultora durante la gestión de Juan Carlos Caparrós y distintas intervenciones de funcionarios técnicos y administrativos de OSSE.
Las calificaciones legales planteadas por la Fiscalía incluyen presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, según la participación atribuida a cada investigado.
La Fiscalía solicitó además un plazo de dos años para desarrollar la investigación penal preparatoria, al considerar que se trata de un legajo complejo.
UNA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
El nuevo cuarto intermedio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que excede las discusiones entre abogados, fiscales y magistrados: ¿cuándo podrá avanzar efectivamente una causa que investiga posibles irregularidades en una obra pública de enorme relevancia para San Juan?
Los planteos de nulidad y las garantías del debido proceso deben ser atendidos por la Justicia. Pero también existe un interés público que no puede quedar relegado indefinidamente: esclarecer qué ocurrió con una obra financiada con recursos públicos, determinar si hubo responsabilidades y establecer si el Estado sufrió un perjuicio económico.
Por ahora, la audiencia sigue sin llegar a la formalización de los once investigados. La próxima fecha clave será el 17 de noviembre, cuando la jueza deberá resolver el pedido de nulidad.
La investigación continúa abierta y las acusaciones fiscales todavía deberán ser sometidas al correspondiente proceso judicial. No hay condenas ni declaraciones de culpabilidad. Sin embargo, la sociedad sanjuanina sigue esperando respuestas sobre una obra pública que terminó bajo sospecha.
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