
La Argentina llevó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la ciudad alemana de Hamburgo, su reclamo para frenar la explotación petrolera británica en las Malvinas. En la primera jornada de audiencias, la delegación nacional concentró su exposición en dos argumentos centrales: el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa y la extracción de petróleo provocaría un daño que ninguna resolución judicial posterior podría reparar.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, al explicar por qué el país considera urgente la adopción de medidas provisionales.
La frase sintetiza uno de los ejes de la presentación argentina: evitar que el avance del proyecto Sea Lion genere un hecho consumado antes de que el arbitraje internacional pueda tratar la controversia de fondo. El desarrollo, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, contempla una explotación petrolera de largo plazo, con 23 pozos de producción y nuevas etapas proyectadas.
El planteo argentino no se limita a la disputa por la soberanía. También apunta a preservar los derechos sobre los recursos de la plataforma continental y a prevenir posibles daños al medio marino. «Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa», racalaron desde la presentación nacional.
La delegación advirtió que el propio plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, la Argentina podría verse obligada a coordinar una respuesta y afrontar las consecuencias ambientales de una actividad que no autorizó.
La primera ronda de exposiciones concluyó durante la mañana de este martes. Hubo dos instanacias de exposiciones. Por la tarde será el turno del Reino Unido, que buscará que el Tribunal rechace íntegramente el pedido argentino. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas intervenciones de ambos países.
Quiénes representan a la Argentina ante el Tribunal del Mar
La delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional. La representación institucional incluye a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
El equipo jurídico cuenta además con especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus trabajos sobre derecho internacional y recursos naturales; y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
La delegación británica, por su parte, está integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de la Asamblea Legislativa.













