El juez Daniel Rafecas dio trámite al pedido de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de OSSE, para llevar la investigación del Acueducto Gran Tulum a la Justicia Federal. Solicitó a la Fiscalía sanjuanina y a la jueza Mónica Lucero que informen qué hechos se investigan y en qué estado está el expediente.
¿Por qué la defensa reclama el cambio de jurisdicción? Porque la obra recibió fondos nacionales y créditos internacionales respaldados por la Nación. Además, organismos nacionales participaron en la supervisión, los controles y la autorización de desembolsos.
El planteo también cuestiona cómo se desarrolla la investigación. Ruiz sostiene que no pudo acceder al expediente ni conocer concretamente la acusación. Su abogado, Mohamed Nasser Uzair, denunció selectividad: cuestionó que se cite a Cristian Andino por haber presidido OSSE mientras no se aplica el mismo criterio a otros funcionarios. Entre ellos señaló a José Luis Beltrán, actual titular de la empresa designado por Marcelo Orrego, a quien atribuyó responsabilidades en el control de la obra.
“Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente. Existe una evidente selectividad en la actuación de los fiscales”, afirmó Nasser.
El cuestionamiento alcanza a una Fiscalía conducida por Guillermo Baigorrí, exdiputado y expresidente de Producción y Trabajo, el partido del gobernador. La Mecha ya había expuesto el contraste entre el avance de la causa del acueducto y las respuestas ante otras denuncias que rozan al oficialismo.
La causa sigue en San Juan: Rafecas todavía no resolvió su traslado ni respaldó las acusaciones de la defensa. Pero el pedido ya abrió una discusión judicial sobre la competencia provincial y pone sobre la mesa una exigencia concreta para la Fiscalía: explicar con qué criterios investiga y cómo garantiza el derecho de defensa.
