La situación financiera del municipio de Calingasta sumó un nuevo capítulo judicial. El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, presentó una denuncia penal contra el intendente Sebastián Carbajal ante la UFI Delitos Especiales, a quien acusó de un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial se produjo en medio de la investigación iniciada por un faltante de $107 millones en las cuentas municipales, irregularidad que el propio Ejecutivo departamental había denunciado y que derivó en una causa contra la entonces tesorera municipal, Martha Campos.
El faltante corresponde, según se informó, a movimientos vinculados con los ejercicios 2023 y 2024. De acuerdo con la explicación brindada por el intendente, la irregularidad fue detectada a partir de controles internos y posteriormente confirmada mediante una auditoría. A partir de ese momento, el municipio radicó una denuncia para determinar qué ocurrió con los fondos.
Sin embargo, el caso tomó una nueva dimensión a partir de la presentación realizada por Zárate, quien puso el foco directamente sobre la conducta del jefe comunal. El titular del Concejo Deliberante sostuvo que Carbajal habría incumplido con sus obligaciones al no responder distintos pedidos de informes formulados por el cuerpo legislativo.
Según la denuncia, desde el comienzo de la actual gestión, en diciembre de 2023, el Concejo Deliberante habría solicitado en reiteradas oportunidades documentación relacionada con el funcionamiento administrativo y financiero del municipio. Entre los requerimientos se encontraban resoluciones administrativas y balances contables, cuya remisión habría sido reclamada en distintas ocasiones.
La acusación sostiene que esos pedidos no habrían recibido respuesta por parte del Ejecutivo municipal. Para Zárate, esa situación adquiere especial relevancia en el contexto del faltante millonario detectado en las cuentas de la comuna y constituye un elemento que debe ser analizado por la Justicia.
De esta manera, la investigación ya no queda circunscripta únicamente a la actuación de la extesorera Martha Campos. La denuncia presentada ante la UFI Delitos Especiales incorpora al intendente Carbajal como otro de los actores cuya conducta deberá ser examinada para determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal.
Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar la documentación y los elementos aportados por el presidente del Concejo Deliberante. A partir de esa evaluación, podrá disponer las primeras medidas de investigación, solicitar documentación, tomar declaraciones y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal o, eventualmente, disponer el archivo o desestimación de la presentación.
Mientras tanto, el municipio de Calingasta continúa atravesado por un conflicto que combina una investigación por un faltante de $107 millones con cuestionamientos políticos y judiciales sobre el manejo de los recursos públicos.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió con los fondos correspondientes a los ejercicios investigados, cuál fue el grado de responsabilidad que pudo haber tenido la extesorera denunciada y, a partir de la nueva presentación, si la actuación del intendente Sebastián Carbajal configuró o no alguna conducta penalmente reprochable.
