El acuerdo por US$250 millones impulsado por el Gobierno de Marcelo Orrego para el proyecto Vicuña se encamina hacia la Legislatura con los votos necesarios para su aprobación. El Bloquismo ya confirmó su acompañamiento y distintos legisladores también anticiparon que respaldarán el convenio. En ese escenario, el foco político comienza a concentrarse en el bloque Justicialista, donde algunos diputados ya definieron su postura mientras la conducción partidaria todavía evita fijar una posición conjunta.
El entendimiento entre la Provincia y Vicuña dejó de ser exclusivamente una discusión vinculada al desarrollo minero. A medida que se aproxima su tratamiento legislativo, el convenio comenzó a exponer también las diferencias internas del peronismo sanjuanino y, particularmente, el dilema que enfrenta la oposición frente a una iniciativa que el oficialismo presenta como uno de los acuerdos económicos más importantes de la gestión de Orrego.
El Gobierno provincial sostiene que el convenio permitirá incorporar US$250 millones para infraestructura, mediante un aporte extraordinario que no deberá ser devuelto por la Provincia. Los recursos estarán destinados a obras y contemplarán mecanismos específicos para su administración, además de recursos adicionales vinculados a la facturación del proyecto.
Con el acompañamiento confirmado del Bloquismo y de los legisladores de Producción y Trabajo, el oficialismo tendría encaminada la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo. En consecuencia, los votos del peronismo dejarían de ser determinantes para la sanción, pero adquirirían un fuerte valor político.
Y allí aparece la principal incomodidad para el PJ.
Mientras la conducción del bloque Justicialista mantiene una postura de cautela y sostiene que primero debe analizar en profundidad la letra del convenio, algunos de sus integrantes ya hicieron pública su decisión de acompañarlo. Eduardo Cabello, Leopoldo Soler y Jorge Castañeda anticiparon que votarán a favor del acuerdo.
La posición de Castañeda adquiere, además, una lectura política particular. El legislador había votado en contra durante el tratamiento de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo de San Juan, por lo que su respaldo al convenio con Vicuña marcaría una diferencia respecto de aquella discusión y evidenciaría que no necesariamente existe una continuidad automática entre las posiciones adoptadas frente a las distintas iniciativas del Ejecutivo.
El escenario deja en evidencia que el bloque peronista no aparece como un espacio completamente uniforme frente al acuerdo. Mientras algunos diputados parecen considerar que el ingreso de recursos destinados a infraestructura constituye un argumento suficiente para acompañar el convenio, otros prefieren esperar un análisis más detallado antes de comprometer una posición.
La diferencia no es menor. Una cosa es la postura individual de cada legislador y otra muy distinta es la estrategia que pretende adoptar el principal espacio opositor de la provincia.
El presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, planteó que todavía es necesario conocer y analizar los detalles del convenio antes de establecer una posición definitiva. En una línea similar se expresó el exgobernador José Luis Gioja, quien también pidió estudiar el acuerdo antes de fijar una postura definitiva y puso la mirada en algunos aspectos vinculados al contexto económico y al precio internacional del cobre.
La cautela puede interpretarse como una decisión lógica desde el punto de vista legislativo: analizar la letra chica, revisar las condiciones, evaluar los mecanismos de control y determinar con precisión el destino de los recursos antes de votar.
Pero, desde el punto de vista político, el tiempo también juega. El oficialismo avanza hacia una votación que podría terminar mostrando una amplia mayoría. En consecuencia, cuanto más cerca esté el tratamiento legislativo, mayor será la presión sobre el peronismo para explicar cuál será su posición y qué argumentos utilizará para sostenerla.
El convenio plantea un desafío particular para cualquier estrategia opositora. Si el peronismo decidiera rechazarlo, debería explicar por qué no considera conveniente para San Juan incorporar US$250 millones destinados a infraestructura. Pero si decide acompañarlo, estará otorgando respaldo legislativo a una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno de Orrego busca mostrar como resultado de su gestión.
Ese es, precisamente, el dilema.
El acuerdo fue presentado por el Ejecutivo provincial bajo una narrativa basada en tres ejes: inversión, infraestructura y desarrollo. Además, el Gobierno remarca que se trata de un aporte extraordinario, fijo, no reembolsable y no compensable.
La administración de Orrego también sostiene que la negociación no fue producto de una decisión repentina. Según explicó el Ejecutivo, las conversaciones con Vicuña y sus accionistas comenzaron en marzo de 2025 y se extendieron durante más de un año y medio.
El gobernador buscó resumir esa estrategia con una definición que sintetiza la mirada oficial sobre el acuerdo: “No esperamos que las inversiones llegaran, fuimos a buscarlas”.
Para el peronismo, cuestionar ese discurso requeriría entonces algo más que una crítica política al Gobierno provincial. Debería explicar qué aspectos concretos del convenio considera inconvenientes, cuáles deberían modificarse y qué condiciones adicionales plantearía para acompañarlo.
Con el rechazo frontal convertido en una posición políticamente difícil de sostener, la discusión podría trasladarse hacia los mecanismos de administración y control de los fondos. El fideicomiso, el destino específico de los recursos, los mecanismos de fiscalización y las condiciones generales del convenio aparecen como algunos de los puntos sobre los cuales la oposición podría intentar construir una postura propia.
De esta manera, el peronismo tendría la posibilidad de acompañar el ingreso de recursos para San Juan sin resignar su rol opositor, diferenciándose del Gobierno en aquellos aspectos que considere que deben ser modificados o controlados.
Esa alternativa parece ser, al menos por ahora, la que algunos legisladores del PJ comienzan a transitar con sus anticipos de voto favorable. El problema es que todavía falta conocer cuál será la estrategia colectiva.
La votación por Vicuña tendrá, además, una consecuencia que excederá ampliamente el tratamiento de un convenio minero. Permitirá observar cómo se posicionará el peronismo sanjuanino frente al Gobierno de Orrego en una etapa política en la que comienzan a aparecer, cada vez con mayor claridad, las primeras señales del escenario de cara a 2027.
Para el oficialismo, lograr una amplia aprobación representará una muestra de capacidad para construir acuerdos políticos y, al mismo tiempo, fortalecerá el argumento de que la gestión provincial puede conseguir inversiones y recursos para financiar obras.
Para el peronismo, en cambio, la discusión obligará a resolver qué tipo de oposición pretende construir. Una posibilidad es mantener una postura de confrontación y rechazo frente a las principales iniciativas del Ejecutivo. La otra es acompañar aquellas políticas que considere beneficiosas para la provincia y concentrar las diferencias en los aspectos que considere cuestionables.
Los movimientos de Cabello, Soler y Castañeda parecen acercarse a esta segunda alternativa. La conducción partidaria, en cambio, todavía se mantiene en una posición de espera.
El silencio puede servir para ganar tiempo, estudiar el convenio y evitar una definición apresurada. Pero también puede convertirse en un problema político si la votación llega sin que el PJ haya logrado construir una posición común.
Porque el acuerdo con Vicuña finalmente no permitirá demasiadas zonas grises: los diputados deberán votar a favor o en contra.
Y esa decisión no sólo definirá el futuro legislativo de un convenio por US$250 millones. También comenzará a mostrar cómo pretende pararse el peronismo sanjuanino frente a Marcelo Orrego: si desde el rechazo como mecanismo de diferenciación política o desde una oposición capaz de acompañar aquello que considere positivo para la provincia, aun cuando el principal rédito político termine siendo capitalizado por el oficialismo.
En definitiva, Vicuña puso al peronismo frente a una definición que va mucho más allá de la minería. La pregunta que queda planteada es si el PJ podrá construir una posición colectiva o si, como ya empieza a observarse, cada diputado terminará resolviendo su voto de acuerdo con su propia lectura política del acuerdo.
