La Asociación Sindical Jerárquicos Mineros (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la futura infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras o recursos del Estado, y sostuvo que la inversión debe ser asumida por las propias empresas responsables del emprendimiento.
El pronunciamiento se produjo luego de que el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), ratificara la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión que abastecerá al proyecto Vicuña durante los próximos 25 años, una obra estimada en US$ 800 millones.
Desde el sindicato señalaron que la resolución desestimó los planteos realizados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y consideraron que la decisión otorga a una empresa privada el uso prioritario de una infraestructura estratégica para San Juan, relegando el rol de la provincia en la planificación de un recurso considerado clave para su desarrollo.
No obstante, ASIJEMIN aclaró que no se opone a la construcción de la obra eléctrica. Por el contrario, sostuvo que resulta indispensable para el crecimiento de los proyectos mineros, aunque remarcó que debe ejecutarse con participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales y mano de obra de la provincia.
Además, el gremio afirmó que el costo de la infraestructura no debe recaer sobre las futuras regalías mineras, el Estado ni los usuarios del sistema eléctrico, sino formar parte de las inversiones que deben afrontar las compañías mineras.
En ese sentido, la organización sindical también planteó que este tipo de inversiones debe contribuir a fortalecer la licencia social de la actividad minera, promoviendo la participación de las comunidades, las pequeñas y medianas empresas, los proveedores locales y la industria nacional, con el objetivo de generar empleo, desarrollo productivo y valor agregado en San Juan.
Como propuesta, ASIJEMIN impulsó la conformación de una mesa de trabajo integrada por el Estado, las empresas, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos para evaluar el impacto de la infraestructura energética y definir un modelo de desarrollo que permita que estas inversiones beneficien no solo a los proyectos mineros, sino también a las localidades donde se desarrolla la actividad.
El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, sostuvo que «la infraestructura energética vinculada al crecimiento minero debe dejar un impacto positivo en las comunidades, con más oportunidades laborales, mejores servicios y condiciones que acompañen el desarrollo de la población».
