Un pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, fue presentado formalmente ante la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia. La solicitud fue impulsada por el abogado penalista y civil Nicolás Fiorentino, quien sostiene que el magistrado habría incumplido los deberes inherentes a su función al no apartarse de un expediente en el que, según afirma, existía un vínculo de amistad con uno de los involucrados.
La presentación quedó radicada oficialmente en la Legislatura y dará inicio al procedimiento previsto por la Constitución Provincial para analizar la conducta de los integrantes del máximo tribunal de justicia.
El presidente de la Sala Acusadora y titular del bloque Producción y Trabajo, Juan De La Cruz Córdoba, confirmó el ingreso de la denuncia y explicó que el trámite comenzará con la distribución del expediente entre los integrantes del cuerpo.
«Ha ingresado efectivamente una denuncia por parte de un abogado que ejerce en forma particular dentro del ámbito de tribunales y es una denuncia contra uno de los integrantes de la Corte de Justicia de la provincia, el doctor Marcelo Lima», expresó Córdoba.
Los fundamentos de la denuncia
De acuerdo con la presentación realizada por Fiorentino, Lima habría vulnerado los principios de objetividad e imparcialidad que deben regir el desempeño de los magistrados.
El planteo tiene su origen en una denuncia que el propio abogado promovió anteriormente contra un juez de Cámara Civil. Según sostiene, Marcelo Lima, en su calidad de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, debió haberse inhibido de intervenir en ese expediente debido a la existencia de una presunta relación de amistad con el magistrado investigado.
Sobre ese punto, Córdoba detalló: «El denunciante habría formulado una denuncia para que fuera sometido al Jurado de Enjuiciamiento un camarista, un juez de Cámara Civil, y considera que el doctor Marcelo Lima, siendo presidente del Jurado de Enjuiciamiento, debería haber pedido el apartamiento del cargo para este tema puntual».
El abogado entiende que esa situación habría comprometido la necesaria imparcialidad con la que debe actuar quien integra y preside un órgano encargado de evaluar la conducta de magistrados.
Cómo seguirá el procedimiento
Tras el ingreso formal del pedido de juicio político, la Secretaría Legislativa deberá remitir copia de la denuncia a todos los integrantes de la Sala Acusadora.
Posteriormente, la Comisión de Investigación contará con un plazo legal de 40 días para analizar la documentación y las pruebas aportadas. Al finalizar ese período deberá emitir un dictamen en el que recomendará archivar la presentación o, en caso de considerar que existen elementos suficientes, avanzar con el proceso de juicio político previsto por la normativa provincial.
El expediente se encuentra ahora en la etapa inicial de análisis institucional, por lo que será la Comisión de Investigación la encargada de determinar si la acusación reúne los requisitos necesarios para continuar su tratamiento en el ámbito legislativo.
