La tensión política y sindical en San Juan sumó un capítulo bisagra en los pasillos de los tribunales laborales. En un fallo contundente que sacude el tablero político provincial, el gobierno de Marcelo Orrego sufrió su primera derrota judicial de peso. La Justicia del Trabajo ordenó suspender de manera inmediata los efectos de la resolución oficial que le había quitado el código de descuento por planilla de haberes al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), una medida que el gremio denunció desde el primer minuto como un llano intento de asfixia financiera y persecución política.
El conflicto, que ahora encuentra un claro límite constitucional, comenzó a gestarse el pasado 19 de mayo. Ese día, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, firmó la Resolución N° 0156-MEFyH-2026, aplicando una drástica suspensión del código de descuento por un plazo de 180 días. La versión oficial argumentaba supuestos incumplimientos administrativos en la acreditación de la personería gremial, pero detrás de los fríos considerandos técnicos se escondía una realidad mucho más conflictiva.
Desde el SEP, la lectura de los hechos fue inmediata y descarnada. Tal como quedó plasmado en un comunicado gremial, el sindicato vinculó la quita del código a una suerte de «vuelto» político de la gestión orreguista. Horas antes de emitirse la resolución, el secretario general del SEP, José Díaz, había abordado públicamente al gobernador Orrego durante la inauguración de la escuela ENI Nº 90 y la Escuela Primaria Bº 7 de Septiembre para exigirle una audiencia presencial. «Este fue el costo de pedirle una audiencia al Gobernador», denunciaron con vehemencia desde el sindicato, catalogando la maniobra oficial como un acto de hostigamiento y atropello que motivó una histórica movilización a la Casa de Gobierno bajo la consigna de que «el éxito de la lucha es la unidad».
Frente al embate del Ejecutivo, la conducción de José Díaz no dio el brazo a torcer y trasladó la resistencia de la calle a la trinchera legal. Allí cobró protagonismo la solvencia y la muñeca judicial del reconocido abogado laboralista, y ex subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry. El camino no fue sencillo: inicialmente, el tribunal había rechazado la medida cautelar en una primera instancia. Lejos de amedrentarse, Correa Esbry interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, desarmando la estrategia oficial. El letrado demostró que la interrupción de los aportes no era un mero trámite burocrático, sino una herida de gravedad al normal desenvolvimiento institucional del gremio y una flagrante violación a la libertad sindical.
La contundencia de los argumentos obligó al Primer Juzgado del Trabajo, en una resolución firmada este 16 de junio por el juez Matías Pallitto, a revisar su propio criterio. El fallo judicial advierte que la quita de los aportes genera un «peligro en la demora» de difícil reparación ulterior y, respaldándose en la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, ordenó retrotraer la situación al estado anterior a la polémica resolución de Economía.
Este desenlace premia la posición de lucha irrenunciable de José Díaz y el oficio técnico de Correa Esbry. Para el gobierno de Orrego, en tanto, significa un llamado de atención temprano: la gestión de la cosa pública y la pulseada con los representantes de los trabajadores estatales no pueden saltearse los límites que impone el derecho laboral.
