Este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública convocada por el ENRGE para tratar la solicitud de acceso efectuada por el proyecto minero Vicuña a la línea eléctrica 500kv de San Juan. En este marco, empresas, instituciones energéticas, la Provincia de La Rioja y departamentos sanjuaninos presentaron oposición a la esta posibilidad de otorgamiento de infraestructura eléctrica a la operadora de Josemaría,
Uno de esos departamentos en presentar oposicion fue Jáchal, cuyo intendente, Matías Espejo, expuso en la audiencia sentando la posición del municipio. El jefe comunal reconoció que su bien existe un respaldo estratégico a las obras de infraestructura energética, este apoyo no es un cheque en blanco y pidió participación activa de la comunidad jachallera en los beneficios y decisiones del proyecto.
La magnitud de la inversión proyectada para el complejo minero, busca posicionar a San Juan como un actor clave en el mercado global del cobre. Para que esto sea posible, se requiere una ampliación masiva del sistema de transporte eléctrico que soporte una demanda de aproximadamente 260 MW. Sin embargo, para Jáchal, esta transformación productiva debe traducirse en un desarrollo real para el norte sanjuanino y no solo en infraestructura para la mina.
Uno de los puntos centrales del reclamo jachallero es la prioridad para la mano de obra y los proveedores locales. El municipio considera «imprescindible» que se establezcan mecanismos obligatorios y porcentajes mínimos de contratación de trabajadores y empresas del departamento durante todas las etapas de la obra. El objetivo es garantizar que la riqueza generada por la minería se integre efectivamente a la economía regional y no pase de largo hacia otros centros urbanos.
En materia de infraestructura, Jáchal ha solicitado un programa de Responsabilidad Social Empresaria. Los pedidos incluyen asignaciones periódicas para mejorar servicios críticos como el agua potable, el sistema de salud y la conectividad. Además, se pide a las empresas involucradas, como Transener y Vicuña Corp, compromisos concretos para el fortalecimiento de las redes eléctricas de media tensión y la mejora de las rutas locales, asegurando que los beneficios sean «concretos y visibles» para los vecinos.
La cuestión ambiental también ocupa un lugar preponderante en la agenda del departamento. Espejo planteó como condición innegociable la creación de un sistema de monitoreo ambiental participativo. Este organismo, integrado por el municipio, la provincia, la empresa e instituciones científicas, deberá garantizar el acceso público y transparente a datos sobre la calidad del agua, el aire y el suelo, buscando así otorgar legitimidad social al desarrollo minero mediante controles confiables.
Existe, además, una preocupación genuina sobre el impacto que la demanda energética de la mina pueda tener en la vida cotidiana de los jachalleros. Por ello, se han solicitado garantías técnicas que aseguren que el suministro eléctrico para residencias, sistemas de riego y pequeños productores no sufra deterioros en su calidad o disponibilidad.
Desde un aspecto territorial, Jáchal pidió mecanismos de compensación económica «transparentes y justos» por la ocupación de tierras y el impacto sobre los caminos. Asimismo, proponen revisiones periódicas de las prioridades energéticas para evitar que el crecimiento de la mina limite futuros desarrollos agrícolas o industriales en el norte de la provincia.
Finalmente, el municipio solicitó su incorporación a los mecanismos de gobernanza vinculados al corredor energético, pidiendo un lugar en comités técnicos y mesas de diálogo y seguimiento.
