Tras una exposición inicial a cargo de funcionarios provinciales, que, según destacaron los asistentes, fue realizada de manera clara, simplificada y sin excesivos tecnicismos, se abrió un espacio de intercambio en el que surgieron múltiples planteos por parte del sector privado. El objetivo, coincidieron, es avanzar hacia una normativa que sea comprensible, aplicable y que refleje las necesidades reales de las comunidades involucradas.
En este contexto, Gabriel Paredes, interventor de CAPRESMI (Camara de Proveedores MIneros de Iglesia), brindó detalles sobre los principales puntos abordados durante la jornada. Según explicó, uno de los ejes más relevantes fue la necesidad de precisar conceptos clave dentro del proyecto, especialmente en lo referido a la definición de “local” y a la delimitación de la zona de influencia de los emprendimientos mineros.
“Se hizo mucho hincapié en que la ley debe ser clara y evitar ambigüedades. La palabra ‘local’ se utilizó en reiteradas oportunidades, pero es fundamental que quede bien definido a qué se refiere concretamente, porque de eso depende quiénes serán los beneficiarios directos”
En esa línea, desde CAPRESMI plantearon que la prioridad debe centrarse en la comunidad más cercana al yacimiento, es decir, en la zona de impacto directo. Según lo expuesto en la reunión, la intención oficial sería considerar como primera área de influencia al municipio donde se ubica el proyecto, en este caso Iglesia, siempre que no se vean afectados intereses de otros departamentos cercanos como Jáchal. No obstante, este criterio generó dudas y pedidos de mayor precisión.
Otro de los puntos que generó debate fue la utilización del concepto de “anillos” para organizar las áreas de influencia (anillo 1, anillo 2, etc.). Paredes advirtió que esta terminología puede resultar “capciosa” si no se define con exactitud, ya que remite a una delimitación circular cuyo alcance puede variar según el punto de referencia que se tome.
“Cuando se habla de anillos, se entiende como una circunferencia. Pero no queda claro desde dónde se mide eso. Hoy tenemos proyectos que incluso involucran a otras provincias o países, como el caso del Distrito Vicuña. Entonces, si no se especifica correctamente, puede prestarse a interpretaciones que después generen conflictos”.
Desde el sector proveedor insistieron en que la redacción de la ley debe ser lo más precisa posible, evitando términos que puedan dar lugar a ambigüedades una vez promulgada la norma. “Después no hay margen para reinterpretaciones. Por eso es clave dejar todo claramente establecido ahora”, remarcaron.
En materia de contratación, también se generó un amplio intercambio en torno a los porcentajes establecidos en el proyecto. La iniciativa prevé metas como un 80% de empleo local y un 60% de contratación de bienes y servicios a proveedores locales. Sin embargo, desde CAPRESMI consideraron que estos parámetros requieren una revisión más profunda.
“Hablar de porcentajes no es sencillo, sobre todo cuando todavía no se conoce con precisión la magnitud operativa de algunos proyectos, como Vicuña. Hoy quizás no sabemos cuál va a ser su demanda total, entonces establecer porcentajes puede resultar relativo”,
En contraposición, desde la cámara propusieron que se priorice el 100% de contratación en la zona de influencia directa, siempre que las empresas locales cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y de habilitación exigidos por la actividad. “Puede que ese 100% represente un porcentaje muy bajo dentro del total que demande el proyecto, pero es fundamental garantizar que lo primero que se contrate sea local”, afirmó.
Asimismo, advirtieron que el esquema de porcentajes podría derivar en una competencia interna entre proveedores de la misma comunidad, dejando a algunos actores inevitablemente fuera del sistema. Para ilustrarlo, Paredes mencionó el caso hipotético de múltiples empresas ofreciendo un mismo servicio, “Si hay diez panaderías y se fija un 60%, hay cuatro que quedan afuera. En cambio, si se promueve la asociatividad, todas podrían participar bajo una figura legal común”.
En ese sentido, se planteó la necesidad de fomentar herramientas como uniones transitorias de empresas (UTE), consorcios o asociaciones, que permitan integrar a más proveedores locales dentro de la cadena de valor minera.
Otro aspecto abordado fue la capacitación de la mano de obra local. Desde el sector coincidieron en que, para poder cumplir con mayores niveles de participación, es fundamental invertir en formación técnica y profesional. “Si no generamos oportunidades de capacitación, es muy difícil que la gente pueda estar a la altura de lo que exige la industria”, indicaron.
Finalmente, los participantes destacaron la apertura al diálogo por parte de las autoridades provinciales, quienes tomaron nota de todas las sugerencias y se comprometieron a analizarlas. El objetivo, según se indicó, es introducir mejoras al proyecto que permitan avanzar hacia una ley consensuada, clara en su redacción y efectiva en su implementación.
