El Ministerio Público de San Juan avanzó en dos frentes simultáneos ante la Corte de Justicia, en medio de tensiones con la Cámara Penal por el manejo de información sobre causas por delitos contra el Estado y por la paralización del juicio contra el intendente de Angaco, José Castro.
Por un lado, el fiscal general Guillermo Baigorrí solicitó la intervención del máximo tribunal para que ordene a la Cámara Penal informar el listado completo de juicios en trámite vinculados a delitos contra la administración pública. El planteo surgió luego de que fiscales de Cámara requirieran esos datos y recibieran como respuesta que debían precisar número y carátula de expedientes, información de la que justamente carecían.
En su presentación, Baigorrí remarcó que los magistrados tienen la obligación de registrar todas las causas bajo su órbita y de garantizar el acceso a esa información. Además, invocó principios del Código de Ética Judicial, subrayando el deber de los jueces de colaborar con el funcionamiento eficiente del sistema y de asegurar la publicidad de sus actos.
El jefe de los fiscales pidió a la Sala de Superintendencia de la Corte —encargada de la gestión administrativa del Poder Judicial— que requiera esos datos con carácter urgente, al advertir que podrían existir expedientes sin intervención del Ministerio Público en segunda instancia.
En paralelo, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi llevó otro planteo al máximo tribunal para destrabar el juicio contra el intendente Castro, imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El proceso fue suspendido por la Cámara Penal hasta que exista una sentencia firme en una causa paralela originada por una denuncia de la propia fiscal. Ese expediente cuestiona una ordenanza aprobada por concejales de Angaco que habilitaba al jefe comunal a reparar el daño mediante un aporte económico a Cáritas, con el objetivo de evitar el juicio.
Gerarduzzi consideró que esa maniobra es ilegal y calificó de “jurídicamente inadmisible” que se utilice como fundamento para frenar el proceso principal. En su presentación ante la Corte, advirtió que la decisión implica una “dilación indefinida” y una virtual paralización del debate oral.
La fiscal también cuestionó que la Cámara no resolviera el rechazo al acuerdo de reparación integral y sostuvo que ambos expedientes son independientes, por lo que no corresponde supeditar uno al resultado del otro.
El tribunal de alzada rechazó el recurso de casación de la fiscal al entender que la suspensión del juicio no constituye una sentencia definitiva. Frente a esa negativa, Gerarduzzi acudió en queja ante la Corte para que habilite la revisión del caso.
Ambos planteos exponen un creciente contrapunto entre el Ministerio Público y sectores del Poder Judicial, y dejan en manos del máximo tribunal definiciones clave: por un lado, sobre el acceso a información sensible vinculada a causas de corrupción; por otro, sobre la continuidad de un juicio de alto impacto institucional en la provincia.
