Tras la aprobación en el Congreso Nacional de la actualización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Cámara Minera de San Juan destaca la importancia de haber avanzado en la remoción de ambigüedades que generaban incertidumbre en su aplicación.
En ese proceso, el rol del Gobierno de la provincia de San Juan ha sido clave para impulsar el diálogo con el Gobierno nacional en la búsqueda de soluciones orientadas a aportar precisiones para la interpretación de la norma. La actualización de la ley es resultado de este proceso de articulación entre los gobiernos, fue un ejemplo de federalismo concertado que contó, además, con el aporte de diversos actores.
Para el desarrollo de proyectos de largo plazo, la previsibilidad normativa es una condición necesaria. Contar con reglas que definan los criterios de protección ambiental y los procesos de evaluación contribuye a generar las condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo.
Asimismo, resulta relevante fortalecer el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en línea con lo establecido en la Constitución Nacional, y consolidar herramientas técnicas que permitan evaluar cada caso en función de evidencia científica, a través de estudios de impacto ambiental.
La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país.
En ese marco, reafirmamos que la minería constituye una actividad productiva capaz de convivir armónicamente con otras actividades económicas, aportando inversión, empleo y desarrollo para las comunidades.
