Una fuerte controversia se desató entre el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña Argentina S.A. a partir de la decisión del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) de otorgarle a la firma el uso exclusivo de la denominada “Línea Minera”, una infraestructura clave para el desarrollo energético y productivo de la región.
El secretario de Energía riojano, Alfredo Pedrali, confirmó que la provincia ya presentó un recurso ante el organismo nacional para frenar la medida. Si bien la línea se encuentra en territorio sanjuanino, el funcionario advirtió que su uso exclusivo por parte de una empresa privada podría afectar seriamente el futuro de distintas actividades en La Rioja.
La Línea Minera fue concebida como un sistema de interconexión eléctrica de 500 kV —actualmente operando en 132 kV— que permitiría vincular a varias provincias a través de la cordillera, potenciando el desarrollo minero y energético. Según explicó Pedrali, su construcción fue financiada con aportes de distintas jurisdicciones, entre ellas La Rioja y San Juan.
El conflicto surgió cuando Vicuña S.A., operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, solicitó al ENRE la exclusividad en el uso de la línea, pedido que fue aprobado. No obstante, el organismo habilitó una instancia de oposición, en la cual La Rioja formalizó su rechazo y participará de una audiencia pública para exponer sus argumentos.
“El origen de esta infraestructura es el esfuerzo conjunto de las provincias durante años. No es razonable que ahora una empresa pretenda quedarse con el uso exclusivo”, sostuvo Pedrali. Además, advirtió que la medida podría dejar a La Rioja sin acceso a un corredor estratégico que conecta la región de Cuyo con el NOA, limitando su integración y desarrollo.
El funcionario también remarcó que la decisión impactaría negativamente en proyectos energéticos provinciales ya planificados, como la vinculación en extra alta tensión entre el sur riojano, Villa Unión y Jagüé, con conexión hacia Catamarca. Según indicó, estas obras permitirían generar un polo de desarrollo regional con disponibilidad energética para múltiples actividades productivas.
Finalmente, Pedrali aseguró que la provincia continuará con las acciones necesarias para revertir la medida. “Vamos a defender los derechos de La Rioja en la audiencia pública y, si es necesario, avanzaremos por la vía judicial para garantizar que la resolución sea ajustada a derecho”, concluyó.
