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Vicuña aclaró que la prioridad solicitada al ENRE aplica solo a la capacidad nueva de la obra que financiará íntegramente, no a la infraestructura eléctrica existente de San Juan. Bajo el principio de acceso abierto, la ampliación en 500 kV se integrará al Sistema Argentino de Interconexión, beneficiando a la provincia con mayor capacidad, confiabilidad y condiciones para energías renovables. El proceso continúa en el ENRE con audiencias públicas donde todas las partes podrán presentar sus argumentos técnicos.
«Nadie leyó bien la resolución«: el descargo de Vicuña ante el ruido político
El ruido que generó la queja del EPRE sobre la Resolución 079/26 del ENRE no tardó en llegar a las oficinas de Vicuña. Municipios preparando amparos, operadoras mineras presentando oposiciones, intendentes hablando de «avasallamiento» y el tema marcando agenda en el sector, justo cuando se desarrollaba la PDAC 2026 de Canadá. Frente a ese escenario, fuentes de la empresa decidieron hablar con ACERO Y ROCA para dar su versión. Y la síntesis de la empresa es llamativa: ¿nadie leyó bien la resolución?

Desde Vicuña fueron directos sobre el punto que más polémica generó: la supuesta apropiación de infraestructura eléctrica estratégica de San Juan.
«Lo que publicó el ENRE no le da a Vicuña control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte. Se trata solo de la publicación de una solicitud de acceso a capacidad de transporte y de ampliación de la red, que es el procedimiento normal que debe seguir cualquier proyecto que necesita conectarse al sistema eléctrico«, señalaron.
Acceso abierto y ampliación del sistema
Vicuña explicó la lógica regulatoria detrás del pedido: «En el sistema eléctrico argentino rige el principio de acceso abierto. Esto significa que cualquier proyecto que requiera energía puede solicitar conexión y, si la capacidad existente no alcanza, proponer ampliaciones de la red. En este caso, Vicuña planteó obras de ampliación que serían financiadas por el propio proyecto para poder abastecer su demanda futura».
«Lo que publicó el ENRE no le da a Vicuña control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte».
Prioridad de uso: el punto de la discordia
Sobre la prioridad de uso que tanto debate generó, la aclaración fue precisa: «La normativa prevé que, cuando una empresa financia una ampliación específica del sistema, pueda tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que genera esa obra. Pero esa prioridad se limita únicamente a esa ampliación puntual: no implica exclusividad sobre la red ni impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones».
En otras palabras: la prioridad no es sobre la línea que pagaron los sanjuaninos. Es sobre la capacidad nueva que Vicuña construirá y financiará.
Legado eléctrico: ¿Quién paga y quién se queda con la infraestructura?

Más allá de la polémica regulatoria, desde la empresa describieron el alcance real de las obras eléctricas proyectadas, que van más allá de abastecer sus propias operaciones.
«Las obras eléctricas asociadas al proyecto Vicuña implican una ampliación estructural del sistema eléctrico del norte de San Juan, incorporando infraestructura en 500 kV, el nivel de mayor capacidad del sistema argentino, lo que permitirá aumentar significativamente la capacidad de transporte de energía hacia esa zona de la provincia», detallaron.
Y subrayaron que esa infraestructura no desaparece cuando el proyecto la use: «Una vez construida y habilitada se integrará al Sistema Argentino de Interconexión y quedará como parte permanente de la red eléctrica nacional, disponible para el desarrollo futuro de la provincia y de nuevos proyectos productivos o energéticos».
Seguridad energética y potencial solar
Desde la empresa también mencionaron beneficios concretos para el sistema eléctrico regional:«Las obras fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico regional, mejorando los márgenes de seguridad y estabilidad del suministro y reduciendo restricciones existentes en la red». Y agregaron un punto relevante: «La ampliación crea nodos eléctricos de alta capacidad en el norte de San Juan, lo que abre mejores condiciones para el desarrollo de energías renovables, particularmente proyectos solares en esa zona de la provincia«.
«No es solo lo que vamos a usar, sino lo que se deja instalado para San Juan… una obra que beneficia a la provincia financiada por un privado» .
De la PDAC a la Audiencia Pública: el camino técnico para destrabar el conflicto
Desde Vicuña también destacaron que: «El expediente fue analizado por los organismos técnicos del sistema: Transener, CAMMESA y las transportistas y distribuidoras del área, y las conclusiones que se publicaron indican que la solicitud es técnicamente viable dentro del procedimiento regulatorio vigente».
En cuanto a los pasos siguientes, el panorama es el esperado dentro del marco regulatorio: «Ahora el proceso sigue su curso dentro del ENRE, que prevé instancias formales para observaciones y análisis técnico de todos los actores interesados». La audiencia pública que el EPRE ya confirmó que se convocará será el escenario donde todas las partes, incluida Vicuña, deberán defender sus posiciones con argumentos técnicos.
Lo que Acero y Roca pudo saber: la trastienda
Más allá de la versión oficial, este medio accedió a información que permite entender mejor el origen del revuelo. Vicuña lleva tres años planificando sus necesidades energéticas. La provincia hoy no tiene la infraestructura necesaria para dar respuesta a la demanda del proyecto. Por eso la empresa decidió financiar la obra que se necesita para aumentar la capacidad, y dentro de ese marco regulatorio solicitó acceso prioritario a la capacidad adicional que generará esa misma obra que ella pagará.
La percepción desde adentro del proyecto es que la reacción pública fue desproporcionada respecto a lo que la resolución realmente dice. La oposición formal presentada por Los Azules ante el ENRE, que este medio confirmó en una edición anterior, es vista como un movimiento válido dentro del proceso regulatorio. Pero el tono del debate público, sostienen, se alejó bastante del contenido técnico real del expediente.
El debate de fondo, sin embargo, sigue abierto. Que la prioridad aplique sólo sobre la capacidad nueva es la postura de Vicuña, pero es exactamente lo que la audiencia pública deberá confirmar o matizar. El EPRE ya anticipó que «En defensa de los intereses de los sanjuaninos, y apostando al desarrollo de la Provincia, el E.P.R.E. participará en la Audiencia Pública a convocarse, aportando proactivamente para determinar los mejores mecanismos de inversión que posibiliten el armónico desarrollo Provincial».
Por Lucas Laciar
Especial Para Diario Las Noticias
















