El proceso legislativo para modificar la Ley de Glaciares en Argentina registra una alta participación ciudadana, con más de 18.000 personas y organizaciones inscriptas para intervenir en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. El volumen de inscripciones podría extender el debate durante varios meses antes de que el proyecto avance hacia una votación en el Congreso. Incluso se habla de una demora de dos a seis meses para el tratamiento.
Las audiencias fueron convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. El cronograma inicial prevé dos jornadas de exposiciones, programadas para el 25 y 26 de marzo, con una modalidad que combinará participación presencial y virtual.
Según estimaciones basadas en el esquema previsto para las intervenciones —cinco minutos por expositor—, el número de inscriptos podría requerir varios meses para completar el proceso si todos los participantes toman la palabra. Este escenario obligaría a reorganizar el formato de las audiencias o ampliar la cantidad de jornadas destinadas al debate.
Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por el sanjuanino José Peluc y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, se definió la convocatoria a dos jornadas de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19 horas. El formato prevé el primer día de exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara baja y el segundo día, intervenciones remotas para cumplir con el carácter federal del debate.
Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que sigue aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas.
El proyecto en discusión propone modificar el alcance de la normativa vigente sobre protección de glaciares y ambientes periglaciales. Entre los cambios planteados se incluye un nuevo criterio para determinar qué áreas quedan protegidas, priorizando aquellas que cumplan funciones estratégicas vinculadas a reservas de agua o recarga de cuencas.
La propuesta mantiene la prohibición de actividades que puedan alterar glaciares o ambientes periglaciales, pero introduce un enfoque basado en evaluaciones técnicas y estudios ambientales para determinar el impacto de actividades productivas en cada caso.
Mientras se desarrolla el proceso de audiencias públicas, el tratamiento legislativo continuará en las comisiones de Diputados. La etapa de consultas forma parte del procedimiento previsto para este tipo de iniciativas y podría influir en el calendario del debate parlamentario antes de su eventual tratamiento en el recinto.
