
La bancada peronista del Concejo Deliberante de Chimbas reanudó hoy una sesión que había pasado a cuarto intermedio el 31 de diciembre y llevó adelante otra brusca modificación: la del reglamento interno, con la que apunta a quitarle la llamada “estructura” o “cuerpo” de bloque al edil Luciano Cano. Son tres funcionarios que, llamativamente, el mismo Legislativo municipal había aprobado por unanimidad a fines de año. Cano, que había entrado de la mano del giojismo, se abrió del oficialismo y, en la votación de la reforma del presupuesto que había encarado el justicialismo, decidió abstenerse y sostener esa postura, incluso, cuando lo vetó la intendenta Daniela Rodríguez. Fue una situación inédita: la bancada legislativa de la propia jefa comunal le modificaba la ordenanza de gastos y recursos, lo que llevó a que el órgano deliberativo se aumentara sus propios fondos en un 253 por ciento
En el ambiente político chimbero, señalaban que la movida contra Cano respondía a una represalia. Como se le había dado la estructura (un secretario privado y uno administrativo, más un asesor de bloque), la bancada peronista apuntaba a que tuviera el gesto de respaldar las modificaciones al presupuesto. Sin embargo, el edil se abstuvo en la primera votación, pero, aun así, el oficialismo había conseguido una mayoría calificada de dos tercios. Tras el veto de la intendenta, esa mayoría de siete miembros se cayó luego de que se bajara la edil libertaria Griselda Chávez, por lo que las miradas se posaron sobre Cano. No obstante, mantuvo su posición y las fuentes explicaron que ahora salieron a la luz las consecuencias.
La sesión estuvo cargada de tensión, ya que los concejales Eduardo Núñez (orreguismo), el propio Cano y María “Maruca” Arredondo (PJ) se levantaron de sus bancas y plantearon la nulidad de la sesión. No fue lo único, ya que las fuentes aseguraron que, estallado el nuevo conflicto, asistieron la secretaria de Gobierno, Natacha Garay, y la asesora Letrada del municipio, Valeria Jorquera, pero no las habrían dejado ingresar.
La disputa es un capítulo más de la pelea que se había generado, justamente, en el tratamiento del presupuesto, que reveló las diferencias entre la bancada “oficialista” (con cinco justicialistas) y la intendenta Rodríguez. Es que el bloque, con el apoyo de Eduardo Rodríguez (Pro), de Cambia San Juan, y la libertaria Chávez le metió bisturí al presupuesto oficial, al recortar partidas que diagramó el Ejecutivo para reasignarlas al Legislativo por un total de casi 4.200 millones de pesos.
No fue lo único, ya que el Concejo asignó aumentos salariales a su personal y creó 12 cargos, entre los que sobresalía hasta una Dirección de Eventos. La movida generó un fuerte rechazo de la jefa comunal, que vetó la reforma al presupuesto. La bancada peronista contaba con siete votos, pero la libertaria Chávez se salió de la jugada, tras la orden de La Libertad Avanza local y se diluyó la mayoría especial, que el justicialismo no pudo conseguir con Cano.
En diciembre, el Legislativo, por unanimidad, aprobó cambios al Reglamento Interno, lo que permitió que aquel concejal que se abriera del bloque con el que había entrado, pudiese armar su propia bancada y contar con la estructura de los tres cargos.
El 31 de ese mes, se convocó a una sesión para volver a tratar el reglamento, pero se pasó a un cuarto intermedio con fecha a definir. De esa manera, la reanudación se dio hoy, en la que se produjo otra fuerte reforma, ahora en el reglamento, que le quitó a Cano su cuerpo de asesores. Es decir, se volvió a la redacción anterior en la que no se le contemplaba a un edil que tuviera esos tres funcionarios luego de que se separara de su bancada original.
Hubo otras modificaciones, como mayores facultades al presidente del Concejo. Es Ariel Rivero, quien hoy es la cara visible del enfrentamiento con la intendenta.
Ante los cambios, Núñez, Cano y Arredondo se levantaron y plantearon la nulidad de la sesión. Según las fuentes, el calendario de sesiones ordinarias llega hasta el 30 de noviembre, con la posibilidad de prorrogarlas por 30 días más, lo que llega hasta el 30 de diciembre. Como la sesión inicial se realizó el 31 de ese mes, carece de sustento legal.
Además, explicaron que no se puede usar un cuarto intermedio para dejar abierta una sesión ordinaria. Cuando se produce el cierre del año calendario, la tarea legislativa en sesiones ordinarias finaliza y no se puede extender una que haya quedado inconclusa.
El planteo de los concejales llevó a que, hasta hace un rato, se produjese un cuarto intermedio para que los ediles Rivero, Augusto Neyra, Ivana Cortéz, Noelia Tortarolo y Leonela Yúdica (PJ), Chávez (LLA) y Eduardo Rodríguez, de Cambia San Juan, decidieran qué camino tomar. Los restantes ediles, además, hicieron reserva de acudir a la Justicia en el caso de que la sesión sea considerada válida, dijeron las fuentes.
















