San Juan atraviesa el cierre de enero con un conflicto latente que, aunque todavía no estalló, ya genera señales claras de preocupación en el sistema educativo. La paritaria docente continúa empantanada y el malestar en las escuelas empieza a hacerse visible, en un escenario que amenaza con condicionar el inicio del ciclo lectivo si no hay definiciones en el corto plazo.
A días de finalizar el primer mes del año y con febrero a la vuelta de la esquina, los gremios docentes UDAP, UDA y AMET mantienen su rechazo a las propuestas salariales presentadas por el Ejecutivo provincial. Consideran que las ofertas no logran compensar la inflación ni la pérdida sostenida del poder adquisitivo, y denuncian que las negociaciones se dilatan sin una decisión política de fondo. Las reuniones se suceden, los cuartos intermedios se repiten y la incertidumbre crece.
El dato que inquieta es contundente: sin una mejora sustancial en la propuesta oficial, el comienzo de las clases está en riesgo. Y ese escenario adquiere un peso político mayor si se observa quiénes protagonizan el reclamo. El sector docente fue uno de los pilares sociales que acompañó el cambio de gestión en la provincia y tuvo un rol relevante en el respaldo que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación. Ese apoyo estuvo cargado de expectativas vinculadas a salarios dignos, mejores condiciones laborales y una jerarquización real de la educación pública.
Hoy, ese mismo sector comienza a sentirse relegado. El paso del acompañamiento al reclamo no es un dato menor: es una señal política que el Gobierno no debería subestimar. Cuando quienes respaldaron una gestión levantan la voz, el conflicto deja de ser sectorial para transformarse en una alerta temprana sobre el vínculo entre el poder político y su base social.
Desde el Ejecutivo, la estrategia parece orientada a ganar tiempo y administrar la tensión, con la expectativa de que el desgaste enfríe el conflicto. Sin embargo, en el ámbito educativo esa lógica suele tener efectos contrarios. Cada día sin acuerdo fortalece a las bases docentes y reduce el margen del Gobierno para ordenar la situación sin pagar costos. En las escuelas y en los gremios, la posibilidad de medidas de fuerza ya no se menciona como amenaza, sino como una alternativa concreta.
El calendario no espera. Enero se termina, febrero avanza y el ciclo lectivo tiene fechas definidas. La paritaria docente se convirtió así en la primera gran prueba política del año para la gestión de Marcelo Orrego. Resolverla no implica solo cerrar números, sino definir si se sostiene o se rompe el vínculo con uno de los sectores que contribuyó a construir su poder. Si no hay un cambio de rumbo, el inicio de clases podría transformarse en el primer gran foco de conflicto social del año, no por sorpresa, sino por advertencias desoídas.
