El debate judicial sobre la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo episodio con la denuncia penal presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el presidente Javier Milei. La denuncia, ingresada en los tribunales federales de Comodoro Py, cuestiona declaraciones del mandatario realizadas en una entrevista con el diario británico The Telegraph el 29 de diciembre de 2025.
En la entrevista, Milei planteó que la restitución del territorio argentino debería lograrse mediante negociaciones y de acuerdo con la voluntad de los habitantes del archipiélago. Para el CECIM, estas afirmaciones contradicen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y compromisos internacionales como la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
El organismo, liderado por Rodolfo Carrizo, expresó que tales declaraciones representan un retroceso en la defensa estatal de la causa Malvinas. Recalcaron que si bien la Constitución ordena respetar el modo de vida de los habitantes, no permite condicionar el reclamo soberano al consentimiento de estos.
Además, la denuncia incluye críticas al discurso dado por Milei el 2 de abril de 2025 durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde afirmó que «el voto más importante es el que se hace con los pies» y expresó el deseo de que «los malvinenses prefieran ser argentinos».
El CECIM sostiene que esta visión desvía el reclamo soberano hacia una lógica basada en incentivos económicos y decisiones individuales, lo que podría debilitar la posición histórica argentina en el ámbito internacional. Los abogados patrocinantes, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, advirtieron que las palabras del jefe de Estado tienen consecuencias jurídicas externas.
Previo a la denuncia, la entidad había solicitado formalmente al presidente y a la Cancillería una rectificación, sin respuesta. Consideran que estas expresiones forman parte de una conducta reiterada de la actual administración.
La causa quedó asignada al Juzgado Federal N°12, subrogado por el juez Julián Ercolini, y se solicitará analizar si estas conductas constituyen otros delitos de acción pública.
