El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica de manera integral la Ley de Inteligencia y redefine el funcionamiento del sistema de espionaje en la Argentina. La norma fue firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y le otorga mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Según informó Infobae, la reforma busca “modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional”, adaptándolo a las amenazas actuales y sometiéndolo a mayores controles. A continuación, los principales cambios, uno por uno.
El DNU ratifica a la SIDE como el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, con la responsabilidad de planificar, coordinar y conducir la obtención y el análisis de información estratégica para el Estado argentino.
Además, queda formalmente a cargo de la articulación con organismos nacionales y extranjeros vinculados a la inteligencia.
Uno de los cambios más relevantes es que la SIDE queda habilitada a requerir datos a cualquier organismo del sector público, además de coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta facultad busca facilitar el intercambio de información y fortalecer el análisis estratégico.
El decreto amplía las atribuciones de la SIDE y le permite:
- Proveer su propia seguridad
- Detener personas en casos de flagrancia
El DNU incorpora definiciones que no estaban explícitas en la ley actual. Entre ellas, establece que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto.
“El trabajo en el ámbito de la Inteligencia Nacional reviste carácter reservado en virtud de su sensibilidad”, señala el nuevo artículo 2° bis, con el objetivo de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
El decreto detalla qué se entiende por contrainteligencia, incluyendo acciones para:
- Evitar infiltraciones
- Prevenir la fuga de información clasificada
- Combatir espionaje y sabotaje
- Impedir injerencias externas
- Proteger el orden constitucional y el proceso decisorio democrático
El DNU reordena por completo la estructura interna del sistema:
- La Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).
- La Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco específico en el ámbito digital.
La División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), encargada del control interno.
El decreto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Tendrá a su cargo:
- Proteger el ciberespacio de interés nacional
- Defender infraestructuras críticas de información
- Resguardar activos digitales estratégicos
- Supervisar los sistemas tecnológicos de servicios públicos esenciales
El DNU crea dos ámbitos clave de coordinación:
- Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN): integra a los organismos de inteligencia con áreas especializadas de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y otros entes afines, bajo la conducción de la SIDE.
- Comunidad Informativa Nacional (CIFN): reúne a organismos con capacidad de generar información estratégica, como ministerios, Migraciones, Aduanas, autoridades de documentación e identificación y el sector nuclear.
La SIDE será la encargada de definir cómo, cuándo y de qué manera estos organismos deben suministrar información.
Con esta reforma, el Gobierno busca unificar tareas, reducir superposiciones y centralizar el manejo de la información estratégica, fortaleciendo el rol de la SIDE como eje del sistema de inteligencia.
El DNU abre un nuevo capítulo en la política de inteligencia nacional y anticipa un debate político y jurídico sobre el alcance de las facultades otorgadas al organismo.
