El Acueducto gate sumó un nuevo capítulo en los últimos días, luego de que OSSE desconociera el supuesto vínculo entre el primo de Sergio Uñac, Gustavo Monti, y las licitaciones de la obra del Acueducto Gran Tulum, aunque no lo descartó de plano y sugirió que dicha información fuera requerida al Registro Público de Comercio de la Provincia.
Es que, en el marco de una causa en el Juzgado Contencioso Administrativo que inició el propio Monti, mediante un oficio judicial, se solicitó a la empresa estatal proveedora del servicio de agua potable que manifestara si el empresario que se vio salpicado por las sospechas de corrupción y su empresa -PVC San Juan SRL- mantuvieron algún tipo de relación con la obra en cuestión.
Es por ello que OSSE, a través de su brazo legal, indicó que tras el análisis de la documental no surgieron tales nombres. Sin embargo, admitió que no podía informar tal dato con exactitud, por lo que sugería que la información fuera requerida en la oficina pública donde figuran las inscripción de sociedades. Allí, acorde destacó, podría encontrarse una posible vinculación.
Para Obras Sanitarias, no necesariamente aparecen los nombres de todos los socios de una empresa en un acto de licitación. «No se tiene conocimiento certero de quienes son todos los socios de las empresas que participaron y/o resultaron adjudicatarias de la obra», respondió la firma estatal.
Frente a ello, impulsó a la Justicia a indagar sobre la conexión que podría tener Monti o su empresa de caños con aquellas empresas que surgen del primer informe emitido por Obras Sanitarias, en un acto en el que desconoció su nombre en la obra, pero tampoco puso las manos al fuego por él.
Tres días atrás, la novedad del caso pasaba por las primeras medidas firmes de la causa que se instruye en la justicia penal tras la denuncia de corrupción del abogado y dirigente político, Marcelo Arancibia. Acorde informaron fuentes allegadas, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, inició una investigación preliminar y la instrucción que más impacto generó fue abrir paso a la conformación de la parte querellante.
En efecto, el Ministerio Público envió un oficio a la Fiscalía de Estado para que se presente -si así lo considera- como parte en la instrucción previa a la formalización. Es que, de resultar ciertas las sospechas, quien resultaría perjudicado sería el Estado Provincial, por lo que el fiscal consultó si la cuestión era objeto de su interés y si se conformarían como querellantes.
Consultado por este diario, el Fiscal del Estado Sebastián Dávila anticipó que, si el patrimonio de la Provincia se veía afectado, indudablemente se constituirían en querella. Por tal motivo, se espera que la contestación del oficio sea positiva.
Se especula con que OSSE también deba remitir informes a la investigación penal, puesto que el fiscal Gómez y su equipo pretenden saber si existió la comisión de los delitos denunciados en las contrataciones por el Acueducto. Teniendo en cuenta la contestación de la Sociedad del Estado, para conocer si hubo vínculo de Monti con la obra, también quizás deba requerir información en el Registro Público de Comercio, que ofrece seguridad jurídica a los actos mercantiles.
El dirigente de GEN San Juan, Arancibia, que tomó conocimiento de las sospechas a partir de las publicaciones de Tiempo de San Juan y como ciudadano acudió a la Justicia, en su presentación mencionó una serie de delitos que se habrían producido en perjuicio de la Administración Pública con la contratación de una empresa que todavía no finalizó los trabajos y, entre las figuras previstas en el Código Penal se hallaba el enriquecimiento ilícito.
Tanto las licitaciones, certificaciones, compras de materiales y contratos vinculados que se pondrán bajo la lupa tienen relación con el endeudamiento con Kuwait por 100 millones de dólares, lo que comenzó a pagarse según relató el ministro Roberto Gutiérrez, por una obra que no fue terminada y que desató las sospechas de corrupción.
