
por Ricardo Azócar
El EPRE realiza las audiencias públicas para la revisión tarifaria periodo 2026-2031. Ya se vienen realizando las audiencias por la revisión tarifaria que seguirán por los próximos 5 años y Diario Las Noticias tuvo acceso a algunos dictámenes que muestran una realidad preocupante para la ciudadanía de nuestra provincia.
Hemos estudiado el informe elevado al EPRE por el Sindicato de Luz y Fuerza y recordamos los lamentos de los sanjuaninos cuando el exgobernador Escobar privatizó la empresa de energía a manos chilenas. Hoy esos chilenos la vendieron a Naturgy y estos están sectorizando la empresa y tercerizando sus servicios. Cada vez tienen menos empleados directos y es más la gente de la UOCRA trabajando que los empleados de Luz y Fuerza que son los capacitados para operar con energía eléctrica.
Como director de este diario, no puedo dejar de señalar un aspecto que atraviesa todo el conflicto y que queda expuesto con crudeza en los informes: Naturgy ha demostrado que no le importa en absoluto la comunidad sanjuanina. No le interesa la calidad del servicio que reciben miles de familias, tampoco el futuro de los trabajadores que sostienen la red eléctrica, y mucho menos asumir la responsabilidad de tener empleados a su cargo. Esta indiferencia empresarial está provocando un daño profundo y cotidiano: electrodomésticos arruinados, barrios enteros sometidos a cortes interminables y empleados de Luz y Fuerza desplazados, precarizados o directamente excluidos de funciones que históricamente garantizaban seguridad y eficiencia. El impacto ya no es solo técnico, es social, económico y humano.
A medida que avanzamos en el informe de Luz y Fuerza vemos que no se cumple con la ley de privatización y no se le exigen ciertas obligaciones a Naturgy y a pesar de las multas que se le aplican no hace nada para reparar las deficiencias de servicio que presta a 267.000 abonados. Le debe preocupar al gobierno de San Juan que el EPRE le haga cumplir todas sus obligaciones a Naturgy y no dejar desempleados a los sanjuaninos en manos de una empresa que no tiene piedad para tratar mal a los sanjuaninos, que pagamos la luz mientras sus artefactos se destruyen por el mal funcionamiento del servicio.”
Al señor gobernador le marcamos estos puntos:
Puntos críticos que el gobernador debe atender con máxima prioridad
1. Deterioro grave del servicio eléctrico
La calidad del servicio es calificada como “un desastre” por especialistas y usuarios.
Los 267.000 abonados padecen deficiencias constantes que provocan daños en electrodomésticos y pérdidas económicas.
2. Incumplimientos de Naturgy y falta de control estatal
El informe de Luz y Fuerza revela que no se están exigiendo plenamente las obligaciones establecidas por la ley de privatización.
A pesar de las multas aplicadas, Naturgy no corrige las fallas ni mejora la infraestructura.
El EPRE debe reforzar su rol regulador y hacer cumplir cada compromiso de la concesión.
3. Avance de la tercerización y riesgo laboral para los sanjuaninos
Naturgy está sectorizando la empresa y tercerizando tareas sensibles, desplazando a trabajadores capacitados del gremio Luz y Fuerza.
Crece la presencia de personal no especializado (UOCRA) en áreas que requieren pericia eléctrica, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad del servicio.
Esta tendencia amenaza la estabilidad laboral de los trabajadores sanjuaninos y vulnera el espíritu original de la privatización.
4. Preocupación social por decisiones tomadas en la etapa de privatización
Se recuerda el malestar aún vigente desde la privatización realizada en la gestión de Escobar, cuando la empresa pasó a manos extranjeras.
La posterior venta a Naturgy profundizó la distancia entre la empresa y las necesidades locales.
5. Riesgo político y social para la gestión provincial
El deterioro del servicio impacta directamente en hogares, comercios e industrias.
El malestar público crece y recae sobre la responsabilidad del Estado de controlar a la concesionaria.
Es imprescindible que el gobierno actúe para proteger a los usuarios y a los trabajadores, y para evitar un conflicto social mayor.



















