

En medio de la crisis política generada por la difusión de audios que vinculan a Karina Milei con supuestos retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Grupo Indalo emitió un comunicado en el que repudia la decisión del Gobierno Nacional de avanzar judicialmente contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de C5N y Radio 10.
“Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información”, expresó la compañía.
El texto cuestiona los pedidos impulsados por el Poder Ejecutivo para frenar la difusión del material: “Las últimas acciones destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculado a un accionar ilícito de funcionarios y exfuncionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía”.
En el mismo sentido, advirtió que las denuncias penales contra Rial y Federico “significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho”.
El Grupo Indalo señaló que la aceptación de esas medidas por parte de la Justicia “oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros”.
En defensa del trabajo periodístico, el grupo de medios: “Como siempre lo hemos entendido, los medios de comunicación integrantes del Grupo Indalo continuaremos con nuestra función social de apuntalar los pilares en los que se sustenta la Constitución Nacional mediante el trabajo constante por la búsqueda de la verdad y el ejercicio periodístico de más alta calidad”.
Finalmente, el comunicado ratifica “el compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y la disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público”.
“La democracia se fortalece con más y mejor periodismo que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía las cuestiones de trascendencia pública”, concluye el pronunciamiento.