El fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani generó la vacante en el poderoso cargo de fiscal General ante la Corte de Justicia, lo que desencadenó el concurso para buscar a su reemplazante. En ese proceso, salieron a la luz los 27 anotados hasta las 13.30 de ayer, pero, como el plazo de inscripción venció a las 24, es probable que se hayan sumado otros postulantes. En el balance de esa “primera” tanda, sobresalen “pesos pesados” del propio Ministerio Público, que forman parte del equipo de Quattropani. Ellos son: el fiscal General interino Daniel Galvani; el supervisor de Unidades Fiscales, Fernando Rahmé; la coordinadora Claudia Salica y sus pares Francisco Micheltorena e Ignacio Achem y la asesora Oficial de Menores, Laura Romarión.
Además, hay una fiscal de Cámara y dos de primera instancia, sumado a que también se anotaron siete jueces: un camarista laboral, la titular del Contencioso Administrativo y cinco penalistas. No son los únicos, ya que también aparece un defensor Oficial, cinco litigantes y cuatro funcionarios, de los cuales, uno es concejal de la Capital por Actuar, Mariano Domínguez. Asimismo, hay un profesional de una entidad bancaria.
El puesto de fiscal General adquirió en los últimos años un poder incomensurable, dado que está al frente de todos los funcionarios del Ministerio Público que investigan los hechos delictivos y acusan a los sospechosos. Tal poder se fue incrementando de manera paulatina: primero, con la puesta en marcha de Flagrancia en 2017; luego, con el funcionamiento parcial del sistema acusatorio y, finalmente, con su aplicación total en 2024.
Además, es el miembro permanente del Tribunal Electoral de la Provincia, junto a dos cortistas que se van rotando anualmente, por lo que también tiene una fuerte influencia y decisión en el desarrollo de elecciones locales y municipales.
Encima, en el cargo estuvo Quattropani, un hombre que ejerció el poder como pocos, además de armar equipos, cuidar a su gente y crear un espíritu de cuerpo y lealtad para llevar adelante un trabajo de 24 horas los siete días de la semana.
Entre los anotados de Fiscalía, se encuentra el secretario Relator del Ministerio Público, su sobrino, Rahmé Quattropani. Asumió en el puesto el 1 de octubre de 2018 y, con la puesta en marcha del sistema acusatorio, fue designado para estar a cargo de la supervisión de las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) Delitos Especiales, Anivi y Delitos Informáticos y Estafas. Antes de ingresar al Poder Judicial, tuvo una reconocida trayectoria como penalista, en la que intervino en casos resonantes y de alto impacto.
En la grilla también está Galvani, actual fiscal General interino tras el fallecimiento de Quattropani, quien, a su vez, lo estuvo subrogando durante su licencia por enfermedad. En su carrera judicial, fue prosecretario de Juzgado de Instrucción y Correccionales, secretario penal, fiscal desde 2016 y fiscal de Cámara (su actual cargo) desde 2019.
Después, aparecen dos mujeres. Una de ellas es Salica, actual Coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Fue designada fiscal el 28 de diciembre de 2016 y, bajo el sistema acusatorio, también estuvo al frente de la UFI Cavig y, luego, de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto, que contiene las causas residuales del anterior mecanismo penal. También hizo carrera en la Justicia, ya que ingresó en 2006 como auxiliar (el escalafón administrativo más bajo) hasta llegar a su puesto actual.
En el lote figura Romarión, quien fue nombrada asesora de Menores e Incapaces en diciembre de 2017. Además, desde noviembre de 2024, es la presidenta del Consejo de Fiscales y Asesores (Confias). En la creación de la entidad, allá por 2022, había sido la vicepresidenta. Entre sus cargos públicos, fue asesora en la Secretaría de Seguridad, en el Servicio Penitenciario Provincial, en el Ministerio de Gobierno y se desempeñó como directora del Registro Civil.
Además, en carrera está Micheltorena, uno de los coordinadores de la UFI Delitos Especiales desde 2024. Había sido designado fiscal el 23 de diciembre de 2020. Previo a ello, tuvo una amplia tarea como abogado litigante desde 1994. Actuó como defensor y hasta querellante en diversas causas, con intervenciones en distintas instancias, que incluyeron la Corte de Justicia local y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, aparece Achem, uno de los coordinadores de la UFI Genérica. Asumió como fiscal el 4 de julio de 2017 y trabajó en el procedimiento especial de Flagrancia y, luego, en la UFI Cavig, hasta llegar su actual puesto. Antes, había ejercido la profesión. Es hermano del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.
Luego, está la fiscal de Cámara Leticia Ferrón, una funcionaria de la histórica camada en el Poder Judicial; el fiscal de la UFI Cavig, Leonardo Arancibia, designado en septiembre de 2024, y la fiscal a cargo de la Unidad del Sistema Mixto, Yanina Galante, nombrada el 2 de agosto de 2021. En la sesión en la Legislatura de ese entonces, su nombre fue propuesto por la diputada Marcela Quiroga, de Producción y Trabajo. Galante fue una de las referentes del programa municipios saludables en Santa Lucía en la gestión de Marcelo Orrego.
En la lista de inscriptos, hay un grupo importante de jueces. Está el juez de Flagrancia, Ricardo Moine; la jueza de Garantías, Celia Maldonado; el de Cámara, Maximiliano Blejman, y los miembros del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa y Renato Roca. También se anotaron la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien había sido ternada en tres concursos para la Corte de Justicia, y el camarista Laboral, Guillermo Baigorrí.
Este último fue diputado nacional y senador electo, aunque renunció para que asumiera Roberto Basualdo, líder de Producción y Trabajo en ese entonces.
Por otro lado, también se inscribió el defensor Oficial, Marcelo Salinas, quien había sido nombrado en el puesto el 11 de diciembre de 2015.
Entre los litigantes, figuran los reconocidos penalistas Fernando Castro y Nasser Usair, quienes comandaron la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP). También se encuentra Horacio Rodríguez del Cid, abogado del gremio municipal, SUOEM; la abogada Andrea Polizzoto y Javier Cámpora, quien había sido juez, pero fue destituido el 5 de julio de 1994.
En el detalle, figura un grupo de abogados que cumplen tareas en organismos públicos. Marcelo Saffe Spesia trabaja en Fiscalía de Estado, Matías Senatore es coordinador Administrativo de la Oficina Judicial Penal (OFIJUP) en Tribunales, Graciela Roduen es la titular de la Asesoría Letrada de la Policía, bajo la órbita de la Asesoría Letrada de Gobierno; y Mariano Domínguez es concejal de la Capital del bloque Actuar.
Por último, se encuentra Gustavo Daniel López, gerente de Asuntos Legales del Banco San Juan.
