El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, querellante en la megacausa de las expropiaciones, presentó un pedido de aclaratoria al Tribunal de juicio sobre la decisión de enviar parte del expediente a la “Unidad Conclusiva de Causas” para que se investiguen las conductas del juez Civil Roberto Pagés, el abogado Raúl Alonso y el contador Marcelo Parra, indicaron fuentes judiciales. En ese marco, sostuvo que dicha unidad ya no existe (aunque ha sido renombrada), por lo que el planteo conduce a que la nueva punta del ovillo del caso sea tramitada en el sistema acusatorio.
Es la primera presentación que se hace en ese sentido, un debate que se daba en los pasillos de Tribunales y que contó este medio: si la investigación contra Pagés, Alonso y Parra se hará bajo las causas remanentes o residuales del mecanismo penal anterior o con el actual.
El Tribunal de la megacausa de las expropiaciones, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, condenó a los responsables de una asociación ilícita, compuesta por jueces, abogados y funcionarios, dedicada a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con millones de pesos de las arcas oficiales. Así, Santiago Graffigna fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión como el líder de la red delictiva, mientras que Horacio Alday, su exsocio, también fue castigado como coautor y recibió una pena de 6 años.
El ex juez Civil Carlos Macchi tuvo una condena de 6 años y 2 meses de cárcel; el exfiscal de Estado, Mario Díaz, de 6 años de prisión; la experito de Fiscalía, Ana María Melvin, de 4 años; el exfuncionario de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz, de 4 años y 6 meses; los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, de 3 años y 3 años y 6 meses respectivamente, y José Moreno, de 3 años.
A la hora de brindar los fundamentos de la sentencia, los magistrados dispusieron, además, que “deberán investigarse” las conductas de Pagés, Alonso y Parra y envió las actuaciones a la “Unidad Conclusiva de Causas”. Dicha área tramita y resuelva las causas que quedan del sistema penal viejo, el llamado Mixto, porque tenía una instancia inquisitiva (investigaba un juez) y una acusatoria (en el juicio, en el que acusaban los fiscales).
Sin embargo, desde Fiscalía de Estado plantearon que dicha unidad no existe, dado que fueron disueltos los antiguos Juzgados de Instrucción y que, en líneas generales, lleva expedientes remanentes que quedaron en trámite y que no reciben nuevas denuncias, explicaron las fuentes.
En ese sentido, la investigación contra el juez, el abogado y el contador, implica una nueva investigación, la que debe ser llevada adelante por el actual sistema acusatorio, en el que la batuta la tienen los fiscales y los jueces controlan que se respeten las garantías constitucionales de los imputados y, juzgan las conductas delictivas.
Ahora, la presentación del fiscal de Estado fue una aclaratoria, la que se hace, justamente, para aclarar algún error material en, por ejemplo, una denominación, señalaban las fuentes. La “Unidad Conclusiva de Causas” se llamó durante la puesta en marcha del sistema acusatorio de manera parcial, pero, cuando comenzó a funcionar en su plenitud, pasó a denominarse Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto.
Entonces, a la hora de resolver, ¿los jueces harán solo esa corrección y el expediente seguirá su curso en el mismo lugar? Es un tema que deberán definir. Si es así, ¿habrá otra instancia para plantear que el desprendimiento de la megacausa pase al acusatorio? Es probable y se verá a medida que avance el tema.
Pagés, hoy miembro de la Sala II de la Cámara Civil, quedó en la mira tras avalar el polémico Plenario Luna, una reunión que tuvieron los entonces integrantes del Tribunal de Tasaciones, en el que se cambió la fórmula de cálculo para un inmueble rural, que pasó a ser valuado como urbano, lo que disparó los precios. Los terrenos expropiados fueron en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. Además, no habría detectado otro cúmulo de irregularidades en la tramitación de ese expediente, indicaron las fuentes.
También serán investigados el abogado Alonso, exconcejal de Rivadavia y exdirector de Políticas para la Equidad de la gestión uñaquista, y el contador Parra. Ambos quedaron en la mira por su presunta intervención en el cobro de un porcentaje del juicio “Ruiz, Guillermo”, la expropiación de una vereda de la sociedad San Vicente de Paul. El proceso lo tenía Graffigna, aunque también habría cobrado una parte Alday, su exsocio, mientras que Alonso y Parra trabajaron para este último, según se desprende del fallo.
