El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) inició el proceso de revocación de adjudicación sobre un total de 100 viviendas deshabitadas en San Juan. Las unidades habitacionales fueron detectadas en operativos realizados por personal del organismo y también a partir de denuncias anónimas ingresadas a través de la web oficial.
“La mayoría están desocupadas desde su adjudicación. En algunos casos se observó que iniciaron obras menores, como medianeras, pero luego quedaron abandonadas”, explicó Elina Peralta, directora del IPV. La funcionaria precisó que las viviendas en cuestión están distribuidas en barrios de diferentes departamentos de la provincia, sin concentración específica.
Según el organismo, las causas que motivan el inicio de los trámites de revocación son la desocupación, el alquiler sin autorización o la falta de pago prolongado. Estas acciones están contempladas en la Ley 196-A de creación y funcionamiento del IPV, que establece: “Se adjudicará una vivienda por familia y por única vez. Los adjudicatarios tienen la obligación de ocuparla y conservarla. No pueden alquilarla, venderla ni deshabitarla mientras no esté cancelada”.
Peralta indicó que, al momento de iniciar el proceso, “los adjudicatarios reciben una notificación y tienen 20 días para presentar un descargo. Luego se agotan todas las instancias administrativas y se pasa a la parte legal. El trámite puede extenderse más de un año”.
“La persona aún mantiene la titularidad sobre el inmueble hasta que se completen todas las etapas. Por lo tanto, el IPV no puede disponer de esas viviendas para sorteos hasta que no se resuelva la revocación”, agregó.
Actualmente, el equipo jurídico del IPV, en conjunto con la Asesoría Letrada de Gobierno y Fiscalía de Estado, evalúa alternativas para acortar los plazos legales. “Estamos en una etapa de análisis preliminar. No hay definiciones, pero se está estudiando si se puede avanzar en una modificación legal que reduzca el tiempo del trámite”, dijo Peralta.
Las 100 viviendas detectadas aún no están habilitadas para ser reasignadas. El proceso de verificación incluye una inspección técnica para determinar su estado. “Si se confirma que están en condiciones, luego de la revocación podrían incorporarse a nuevos sorteos. De lo contrario, se reparan”, detalló la funcionaria.
Por ley, las viviendas que vuelven a estar disponibles deben adjudicarse mediante sorteo, salvo casos excepcionales con puntaje por situación de vulnerabilidad. “La norma establece que la entrega debe ser por sorteo o puntaje. Los únicos casos que se exceptúan son los que presentan una condición extrema de vulnerabilidad social”, explicó Peralta.
El IPV recordó que las denuncias sobre viviendas deshabitadas, alquiladas o vendidas pueden realizarse de forma anónima a través del formulario disponible en su sitio web. “Las casas denunciadas no son entregadas a los denunciantes”, aclaró el organismo.
El próximo sorteo de viviendas será el 23 de julio y corresponde a 219 unidades habitacionales recuperadas de convocatorias anteriores, cuyos adjudicatarios no cumplieron con la documentación o requisitos establecidos. Es el primer sorteo de la gestión actual y participan más de 44.000 postulantes registrados.
