Los principales imputados en la megacausa de las expropiaciones tuvieron, este viernes, la posibilidad de dar sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, lo que se prevé que ocurrirá el 4 de julio. El abogado Santiago Graffigna, en la mira por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado, reiteró ante el tribunal que es inocente y cuestionó el expediente al expresar que “todo es una farsa”, ya que “lo único que hice fue tramitar las causas contra la provincia iniciadas por particulares”. Además, negó integrar una banda para perjudicar con millones a la provincia. A él, se sumó su colega Horacio Alday, quien dijo ser “una persona de bien” y que todo el dinero que cobró por los juicios “está documentado”. También habló el exjuez Civil Carlos Macchi quien recordó que presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por entender que el juicio que definió su destitución fue erróneo. En la próxima audiencia se prevé que el resto de los imputados hagan uso de sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia.
Las expresiones de los imputados comenzaron el viernes luego de que el exfiscal de Estado de la provincia, Mario Díaz, cerrara su alegato a través de su abogado Jorge Olivera Legleu. Así, finalizó una etapa clave del juicio que comenzó en octubre pasado, cuando las partes expresaron su postura sobre lo que ocurrió en el debate. En dicho mes, el Ministerio Público Fiscal pidió que Graffigna sea condenado a 15 años de prisión, mientras que para Alday solicitó 10 años de cárcel y para Macchi 8 años. Para el resto de los imputados solicitó penas entre 3 a 9 años de prisión. A su vez, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, que representa los intereses de la provincia, pidió para los principales imputados penas de 25 años, 15 y 18 de cárcel, respectivamente.
El megajuicio de las expropiaciones comenzó en octubre de 2022, por lo que, cuando se conozca la sentencia, habrá pasado poco más de dos años y medio de debate, lo que lo convierte en el juico más extenso e importante que ha tenido la provincia. Cabe recordar que, según lo que expresó el fiscal Daniel Galvani, el perjuicio económico que se habría ocasionado contra las arcas de la provincia si se hubieran pagado todos los juicios tramitados por Graffigna, alcanza por poco los 15 millones de dólares. En esa línea, Dávila confirmó que, de lograr una condena contra los imputados, la causa no termina ahí ya que la provincia iniciará una acción civil para recuperar los montos que el Estado desembolsó en los juicios de expropiaciones.
En sus palabras finales comenzaron cuando fiscalía no hizo réplicas sobre lo expresado por los imputados en los alegatos. Así, el tribunal integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, decidió pasar a las últimas palabras comenzando por Graffigna. En ese momento, el abogado reiteró que es “inocente” de estafar al Estado con los juicios de expropiación y negó integrar y ser el líder de una asociación ilícita integrada por abogados, exjueces y funcionarios provinciales. Además, dijo que “todo es una farsa” y que lo único que hizo fue tramitar las causas contra la provincia iniciadas por particulares. También utilizó sus últimas palabras para agradecer el apoyo de su familia durante todo este proceso, en el que, incluso, estuvo detenido por dos años.
En la misma línea se expresó Alday quien sostuvo que es “una persona de bien” porque fue “educado dentro de una familia trabajadora”, ya que sus padres fueron docentes. También dijo que cobró los honorarios que correspondía de los juicios que tramitó y que dichos montos “están documentados”. Además, sostuvo que la disolución de la sociedad que mantenía con Graffigna se dio antes de que finalizaran los juicios de expropiación. Por otro lado, agradeció la colaboración que tuvo de su hijo, quien lo representa en el juicio, ya que “sufrió” porque fue quien estuvo presente en el allanamiento que se produjo en su domicilio.
A su vez, Carlos Macchi hizo hincapié en su pasado como juez Civil, función que cumplió durante 26 años y que no pudo lograr la jubilación porque fue separado del cargo a través de un juicio de destitución. Ahora vive con la jubilación mínima. Por eso ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre las causas que tramitó reiteró que emitió sentencias “en base a lo que creía” y quienes no compartían ese criterio “tenían la instancia de apelación” para revertirlo. Además, sobre el cálculo de intereses que utilizó para actualizar los valores de los terrenos expropiados, dijo que se basó en un fallo de la Corte de Justicia.
Además de Graffigna, Alday y Macchi, se encuentran imputados la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin, quien enfrenta pedidos de pena de 9 y 12 años de prisión; el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, con castigos de 6 y 17 años de cárcel; el ex técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos con planteos, Néstor Adán Ruiz, con planteo de 8 y otro de 10 años. Para el caso del perito de parte, Víctor Hugo Bustos, el pedido fue de 6 y 7 años; para el exmiembro del Tribunal de Tasaciones, José Moreno, solicitaron que sea condenado a 5 años y seis meses de prisión, mientras que Fiscalía de Estado pidió 10 años de cárcel. Por último, la fiscalía y querella solicitaron que Juan Pablo Quiroga Ramoino sea castigado con 5 y 7 años de prisión, respectivamente.
Según se supo, el megajuicio continuará el próximo miércoles con las últimas palabras de cuatro imputados, luego, se prevé audiencia el viernes 4 de julio donde se espera que se escuche la sentencia del tribunal. Ocurrirá el último día hábil antes de que comience la feria judicial de invierno.
