El municipio de Caucete, que conduce la peronista Romina Rosas, mantiene una deuda con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A (DECSA) por el consumo de luz de la comuna, alumbrado público y edificios municipales. Según un último informe del Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la deuda asciende a los 550.162.640 pesos sin los intereses, valor que fue desconocido por la intendenta ante el Concejo Deliberante tras una interpelación. Incluso, la jefa comunal sostuvo que irá a la Justicia por entender que la deuda es menor. Consultado sobre la situación, el interventor de la empresa distribuidora de energía de Caucete, Daniel Castro, se mostró abierto a llegar a un acuerdo con el municipio por la deuda, en un plazo de 20 días los cuales se cumple en tres semanas, aunque afirmó que, de no cerrar un convenio, “es muy probable que vayamos a la Justicia”.
En esa línea tanto fuentes oficiales como judiciales indicaron que DECSA puede pedir el embargo de las cuentas municipales para hacer efectivo el pago. Incluso, explicaron que así lo define la resolución que el EPRE emitió la semana pasada donde termina conformando la deuda del municipio con la empresa distribuidora. Consultado, el concejal orreguista Emanuel Castro se mostró preocupado por la situación y dijo que también entiende que las cuentas comunales pueden ser embargadas, incluso, que puede ocurrir que a la comuna le corten la luz.
El escándalo por la deuda de luz de Caucete surgió en abril pasado, cuando DECSA dio a conocer que existía un saldo a favor que ascendía a 465.186.616 pesos, por diferencias entre las facturas entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024. A dicho monto se le debía sumar los intereses por el tiempo transcurrido, por lo que el valor final de la deuda se estimó en unos 650 millones de pesos. El reclamo empresarial se dio porque si bien la deuda existe, la comuna no quiso cancelarla y tampoco se mostró dispuesta a definir un plan de pago. Ante esa situación desde DECSA no descartó cortar el servicio eléctrico.
Por las diferencias sobre los montos, las partes recurrieron al EPRE que, tras una nueva evaluación y rechazando planteos del municipio y de DECSA, a principio de mes emitió una resolución en la que confirmó que la deuda final es de 550.162.640 pesos sin los intereses, abarcando el período de facturación de diciembre de 2022 a enero 2025 ambos inclusive. Además, instó a las partes a “acordar en plazo prudencial, estimativo no superior a 20 días, un plan de pagos para la cancelación del saldo de deuda consolidado determinado”. No solo eso, sino que dio por “agota la instancia administrativa, encontrándose expedita la acción judicial contenciosa administrativa” y “sirviendo el presente acto administrativo como constancia de deuda y título hábil para la percepción de los importes adeudados”.
Dicha resolución llegó en el medio de la interpelación que el Concejo Deliberante le hizo a la Intendenta de Caucete por el conflicto con DECSA, donde la jefa comunal expresó que desconoce el monto de la deuda y que llevará la causa a la justicia.
Consultado sobre la situación, el interventor de DECSA, Daniel Castro, dijo que “este es un valor muy importante para nosotros y lo vamos a seguir reclamando porque para nosotros está firme. Siempre lo que determine el ente regulador lo vamos a aceptar”. Además, se mostró abierto al diálogo con la comuna al indicar que “estamos esperando la posibilidad de tener un acercamiento con el municipio para llegar a un acuerdo. Espero que sí”. Sobre ese punto, el EPRE definió un plazo de 20 días hábiles para que las partes acuerden un plan de pago, plazo que vence, según se supo, el 10 de julio.
Pasado ese tiempo y consultado sobre qué ocurrirá si Caucete no paga, el interventor dijo que “vamos a analizar, en caso negativo, de llevar esta situación a términos legales” porque la resolución del EPRE puede ser presentada como deuda ejecutiva y, en esa línea, solicitar que sean embargadas las cuentas comunales. Lo que si dijo Castro es que “DECSA no busca eso, ya que queremos llegar a un acuerdo”.
Por su parte, el concejal orreguista, Emanuel Castro, se mostró preocupado por la situación al indicar que “es una irresponsabilidad por parte de la intendenta no reconocer la deuda porque se han agotado todas las vías administrativas entre las partes”. A su vez, indicó que el plazo para que DECSA y Caucete lleguen a un acuerdo “vence el 10 de julio”, después, ““la empresa está habilitada a reclamar la deuda en la Justicia a través de un juicio ejecutivo, pero también puede interrumpir el servicio, lo que sería muy grave”. También indicó que “temo que queden embargadas las cuentas del municipio porque es una posibilidad que suceda, ya que tarde o temprano se va a terminar cobrando”.
A su vez, el edil disparó contra Rosas al expresar que “ella quiere llevar este asunto al tema político cuando no lo es, y por eso me llama la atención, pero también me preocupa que ella no quiere reconocer la deuda cuando se han agotado todas las vías administrativas. Veo un acto de irresponsabilidad de su parte”.
Sobre la tarea del Concejo Deliberante, Castro indicó que “vamos a comunicar este asunto al Tribunal de Cuentas de la provincia” y que corren riesgo de no ser aprobadas las cuentas municipales del 2024, lo que puede generar que el Tribunal después formule cargos de responsabilidad contra la intendenta.
