Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Segundo Justo Salazar y Miguel Ceferino Aciar, expresidente y presidente de la cooperativa “La Fraternidad”. Ambos fueron imputados por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, tras ser denunciados por 36 familias que aseguran haber sido estafadas en la compra de carpetas para acceder a viviendas del Barrio UDA II, en Rawson.
La audiencia fue encabezada por el fiscal Nicolás Albo, quien solicitó una IPP de 12 meses, además de una serie de medidas de coerción para los imputados: la promesa de no entorpecer la investigación, no contactar a los denunciantes, la prohibición de salir de la provincia o el país sin autorización y la inhibición general de bienes. Cabe mencionar que ni Fiscalía ni la querella pidieron prisión preventiva y que las defensas adhirieron a todas las condiciones impuestas.
Según explicó Albo, el conflicto se originó en 2006, cuando comenzó la venta de carpetas para viviendas del barrio UDA II, la cooperativa había sido dueña del terreno, que luego vendió al gremio Unión Docentes Argentinos (UDA). Esta entidad lo donó al IPV con la condición de que allí se construyeran las viviendas. Con el paso del tiempo, la cooperativa vendió 145 carpetas, pese a que el barrio entregado en noviembre de 2022 tiene solo 86 viviendas. Más de 60 familias quedaron afuera, aunque solo 36 decidieron judicializar el caso.
De esta manera, la querella, representada por Pablo Ávila y Natacha González, adhirieron a la postura de Fiscalía y pidió que se avance en determinar el destino del dinero abonado por los damnificados. Las defensas estuvieron a cargo de los abogados Francisco Quiroga (por Aciar) y María Celina Pandiela (por Salazar).
