La causa que investiga la presunta estafa cometida por directivos y ex directivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA) en perjuicio de la firma Iberte alcanza un punto crucial esta semana. El martes 26 de marzo, los imputados Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez deberán presentarse ante el Ministerio Público Fiscal para recibir la notificación formal de su imputación. En caso de incomparecencia injustificada, se podría ordenar su comparecencia mediante la fuerza pública.
El abogado querellante, Carlos Aguinaga, advirtió que la negativa a presentarse podría comprometer la posibilidad de que los imputados enfrenten el proceso en libertad. “Si un imputado no comparece sin justificación, la Fiscalía puede solicitar su traslado con auxilio de la fuerza pública. Esta situación podría interpretarse como un peligro procesal, habilitando incluso la solicitud de prisión preventiva o restricciones a la libertad”, explicó.
Restricciones impuestas y antecedentes del caso
El pasado 7 de marzo, la Fiscalía de Delitos Económicos en Mendoza dispuso una serie de medidas procesales para garantizar la comparecencia de los acusados. Entre ellas, la fijación de una caución, la obligatoriedad de establecer domicilio y la prohibición de obstruir la investigación. Asimismo, se ordenó un relevamiento de los bienes muebles e inmuebles de los imputados ante la posibilidad de futuros reclamos indemnizatorios.
Originalmente, los directivos debían comparecer el 5 de marzo, pero su defensa presentó un recurso para impedirlo. Como consecuencia, el Jefe de Fiscales, Alejandro Iturbide, reprogramó la notificación para el 26 de marzo, asegurando su presencia personal en la audiencia.
Naturaleza de la imputación
La Fiscalía N°7 de la Unidad de Delitos Económicos imputó a los directivos de FECOVITA por el delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal. La acusación sostiene que los imputados habrían utilizado ardides fraudulentos para apropiarse de fondos millonarios pertenecientes a Iberte y EVISA.
Según el expediente P–17.924/23, los acusados lograron que Iberte invirtiera $3.139 millones bajo el supuesto de una sociedad conjunta. No obstante, en lugar de aportar los activos comprometidos (como la Bodega Resero y terrenos en San Juan), desviaron los fondos para otros fines, utilizando la figura de “anticipos de productos” que nunca fueron entregados. La Fiscalía considera que estas maniobras configuran un engaño premeditado y no un simple incumplimiento contractual.
En la provincia, entre otros activos, FECOVITA tiene la planta de la ex bodega de Resero en el departamento de Albardon.
Además, ya pesa sobre los imputados una causa previa por presuntas irregularidades en la presentación de balances de FECOVITA correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. Esta investigación refuerza la sospecha de que existió una planificación sistemática para falsear información financiera y ocultar el desfalco.
Antecedente en la justicia civil
El caso FECOVITA no es el único antecedente de incumplimientos en el sector vitivinícola. En un fallo reciente, la Cámara Civil de San Juan confirmó una condena contra Fraccionadora San Juan (FSJ), obligándola a pagar 573.674,50 dólares más intereses a Iberte por el incumplimiento de un contrato de 2017. Según la sentencia, FSJ habría recibido el pago anticipado sin entregar la mercadería pactada, un patrón de conducta similar al denunciado en la causa contra FECOVITA.
Carlos Aguinaga, representante legal de Iberte, señaló que esta situación se ha repetido con otras empresas como Bodegas Galán y Jugos Australes S.A. “En todos los casos, se pagó por mercadería que nunca se entregó. Lo más preocupante es que estas firmas han formado alianzas para sostener una estrategia de dilación judicial y evadir sus responsabilidades”, denunció el abogado.
