El martes 18 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno Nacional a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con 129 votos a favor y 108 en contra, la aprobación de este DNU fue un momento clave dentro del proceso de renegociación de la deuda externa. Los votos sanjuaninos resultaron divididos: fueron tres a favor y tres en contra.
El debate dentro del recinto estuvo marcado por intercambios acalorados y una serie de acusaciones entre los diferentes bloques políticos. En este contexto, la postura de los diputados sanjuaninos resultó clave y estuvo bastante dividida.
Por un lado, los representantes de La Libertad Avanza, como el diputado José Peluc, votaron en favor del DNU, alineándose con la postura del oficialismo. Igualmente, las diputadas de Producción y Trabajo, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón, también se mostraron a favor, apoyando la decisión que, según argumentaron, es necesaria para enfrentar la crisis económica del país.
Por otro lado, los diputados del bloque Unión por la Patria, como Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, decidieron rechazar el acuerdo con el FMI, en línea con su postura crítica hacia las políticas de ajuste y endeudamiento.
La votación en la Cámara de Diputados culminó con un total de 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones y 13 ausencias. De ese total, tres votos positivos fueron sanjuaninos (Peluc, Moreno y Picón) y tres negativos (Allende, Aubone y Chica). A pesar de las tensiones internas y las protestas afuera del Congreso, el acuerdo con el FMI avanzó hacia su aprobación, superando las barreras necesarias para su ratificación.
Mientras los legisladores decidían el futuro económico del país, las calles aledañas al Congreso se llenaban de manifestantes, entre ellos jubilados que exigían mejoras en sus pensiones, hinchas de fútbol y grupos sociales y políticos que criticaron la decisión del gobierno. Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con advertencias sobre posibles represalias a quienes incitaran a la violencia durante las protestas.
