La euforia inicial por la presentación de una catarata de proyectos de inversión en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a transformarse en nerviosismo e impaciencia debido a las demoras en su aprobación. De las once carpetas presentadas, que suman una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares, sólo una ha recibido el visto bueno oficial: el parque solar «El Quemado» de YPF Luz, que se construirá en la provincia de Mendoza.
Las versiones que justifican este retraso son múltiples, y el ánimo entre las empresas involucradas varía. Algunas confían en que los plazos establecidos por la ley aún no se han vencido y esperan que no haya mayores inconvenientes. Otras, sin embargo, expresan preocupación por la falta de resoluciones claras. «Estamos expectantes, a la espera de una definición. No es bueno que se demoren tanto las aprobaciones de los proyectos de inversión», señalaron desde una de las empresas afectadas.
Desde el sector privado, algunos reconocen la buena predisposición de las autoridades, pero critican la lentitud en la toma de decisiones. «Hay muy buena disposición a trabajar por parte de las autoridades, se están haciendo muchas audiencias y se nota que los interlocutores estudian en profundidad los proyectos que se presentan. Sin embargo, todavía se están dando muchas vueltas sobre diversos aspectos de su implementación que no surgen como una limitación ni de la ley ni del reglamento de la misma», explicaron desde otra compañía.
El tema ha escalado incluso a las máximas autoridades provinciales. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego se refirió al caso de la mina Gualcamayo, destacando que cumple con todos los requisitos del RIGI, pero reconociendo que podrían surgir ajustes en futuras reuniones con el Ministerio de Economía de la Nación.
Por parte del Estado las opiniones también están divididas. Algunos funcionarios critican la «burocracia» interna, mientras que otros responsabilizan a las empresas por no presentar toda la documentación requerida. «Por más que se quejen de los tiempos, todo está en los plazos que estipula la ley. Llevamos la cuenta a rajatabla. Muchos estaban con inversiones comprometidas, con la construcción avanzada y quisieron entrar por la ventana. Ahí está complicado ver si cumplen con todo», subrayó una fuente oficial.
Otro funcionario añadió: «Muchos proyectos son complejos, y las solicitudes de información adicional o complementaria están haciendo que las empresas se demoren en entregarnos dicha documentación. La demora, en prácticamente todos los casos, está del lado de las empresas, dado que hasta que no remedien la información solicitada, el reloj queda pausado».
En este contexto, la incertidumbre crece entre los inversores, quienes esperan que las autoridades agilicen los procesos para no desincentivar futuras inversiones en el país.00
