Los escándalos siempre azotaron al exintendente de Caucete, Julián Gil, tanto en su gestión como en la actualidad. Luego de que fuera condenado por encubrimiento en su nueva faceta de abogado, sigue enfrentando una demanda de la actual administración, a cargo de Romina Rosas, por el presunto incumplimiento de pagos a proveedores. El ex jefe comunal hizo una serie de planteos para zafar de la causa, pero sufrió un nuevo revés. Sucede que la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, le había trabado, a pedido del municipio, un embargo sobre su sueldo, el que ya supera 1.100.000 pesos, aseguraron fuentes calificadas. El reclamo judicial es por poco más de 3.300.000 pesos, pero dicha cifra puede incrementarse por la actualización de intereses, siempre y cuando sea castigado civilmente.
En su etapa de concejal, Rosas había sido muy crítica sobre el manejo de los fondos municipales de Gil y, una vez que asumió la Intendencia, en diciembre de 2019, había indicado que iban a investigar si hubo irregularidades para actuar en consecuencia.
Fue así que la comuna encaró una demanda contra el exjefe comunal. En la instancia previa, hubo una audiencia de mediación obligatoria, la que fracasó y llevó a que avanzara el proceso. En la presentación judicial, denominada acción de repetición por pago, el municipio también solicitó una cautelar para que se le trabe a Gil un embargo preventivo sobre sus bienes, planteo al que la magistrada le hizo lugar.
Según las fuentes, desde febrero a septiembre de este año, el embargo sobre el salario de Gil, el cual no puede ser superior al 20 por ciento, ya alcanzó 1.126.218 pesos. El reclamo judicial de la comuna asciende a 3.377.933 pesos por una serie de presuntos incumplimientos.En el planteo, desde el municipio sostuvieron que el exintendente y el exsecretario de Desarrollo Ambiental, Marcelo Domínguez, dejaron de pagar, durante tres meses, el alquiler de una retroexcavadora que habían contratado con una empresa. Además, en ese lapso, la máquina resultó averiada. Por todo ello, la gestión de Rosas tuvo que poner plata.
No fue lo único, ya que la actual administración enfrentó un juicio por el incumplimiento de contrato en el alquiler de un inmueble durante el gobierno de Gil, el cual tuvo que abonar. Esa situación se repitió con otros dos inmuebles: la falta de pago de alquileres que, al final, tuvo que desembolsar Rosas.
El último reclamo tuvo que ver con un programa nacional. De acuerdo a la demanda, la gestión de Gil recibió de Nación casi un millón de pesos a través del plan “Municipios de pie”, el cual lo destinó a la compra de juegos para un parque. Sin embargo, el gobierno nacional no aprobó la rendición del gasto, ya que, según el escrito, ese expediente ya había sido pagado con anterioridad, sumado a que los juegos no se encuentran por ningún lado. Así, Rosas tuvo que devolver esa plata.
En la contestación de la demanda, el exintendente y el exsecretario Domínguez hicieron una serie de planteos para tratar de derribar la causa, a lo que el área legal de la comuna se opuso. A la hora de la evaluación, la jueza Tettamanti rechazó las presentaciones de Gil y de su exfuncionario.
El caso recién se encuentra en su etapa inicial y lo que se ha resuelto son planteos preliminares. Una vez que se produzca toda la prueba, la magistrada deberá definir si condena o no a Gil. Tras el resultado, las partes estarán en condiciones de apelar a una de las Salas Civiles, la segunda instancia.
Si Gil resultase condenado, el monto de la demanda crecerá, ya que está sujeto a la actualización por intereses hasta el efectivo pago. En cambio, si llegase a zafar, tendrá la posibilidad de recuperar lo que se le ha embargado.
