Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, opinó sobre el RIGI, proyecto integrado en la denominada «Ley Bases», donde propone una serie de beneficios fiscales y garantías con el objetivo de atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares, tanto nacionales como extranjeras. Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas debido a los privilegios que otorga a grandes inversores, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y del tejido empresarial local.
El secretario general subrayó, la falta de regulación y control en términos de porcentaje de insumos, proveedores o mano de obra nacional, advirtiendo que esto podría llevar a una desaparición gradual de la industria minera nacional y dejar a las Pymes y proveedores locales en una situación precaria.
Asimismo, ha detallado que los “beneficios” tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI ´para los extranjeros son muy amplios. La alícuota del impuesto a las ganancias se reduce al 25% para los beneficiarios del RIGI, mientras que para otras empresas, incluidas las PYMEs, asciende al 35%, con la posibilidad de utilizar el impuesto al cheque como crédito fiscal. Además, facilita la evasión fiscal de grandes grupos, limitando a las PYMEs con restricciones en la deducción de intereses. Se disponen formas diferenciales de pago del IVA, se establece la exención de derechos, se incorpora la libre importación y exportación de bienes y servicios vinculados a la construcción, operación y desarrollo del proyecto en cuestión, y se les asegura libre disponibilidad de divisas. También se dispone que los dividendos derivados del proyecto en cuestión no paguen ganancias y se los excluye de cualquier restricción cambiaria presente o futura. Finalmente, se plantea la prórroga de soberanía al seleccionar tribunales extranjeros para dirimir eventuales conflictos, incluso eximiendo a estos proyectos de producir efectos en caso de que sus propietarios deban pagar un impuesto mínimo global como los que podrían surgir de efectivizar el segundo pilar del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G20.
Desde un punto de vista jurídico, Mena Muñoz ha planteado serias dudas sobre el RIGI, sugiriendo que podría generar enclaves federales en las provincias y concentrar el control de estas inversiones exclusivamente en manos del gobierno nacional, en detrimento de los principios de descentralización y autonomía provincial.
En su advertencia más contundente, Mena Muñoz declaró: «Van a importar todo a tasa 0 (cero), no van a venir más inversiones en minería. ¡Pymes y proveedores destruidos y en unos años más sin minería! Además, la llegada de empresas extranjeras generaría competencia desleal y rompería la cadena de valor».
En contraposición, ASIJEMIN propone una legislación de Inversión Nacional garantizaría que estas empresas locales reciban una parte justa de los contratos y oportunidades de negocio en la industria minera, fortaleciendo así el tejido empresarial interno y generando empleo local.
La inversión nacional no solo beneficia a las empresas locales, sino que también impulsa el desarrollo económico en las comunidades donde se llevan a cabo las operaciones mineras. Al priorizar a los proveedores locales, se promueve la creación de cadenas de suministro regionales sólidas y se generan ingresos que contribuyen al crecimiento de las comunidades circundantes.
Esto es posible a través de facilidades de acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, transparencia en los procesos de contratación, establecimiento de reglas claras, estímulo a la innovación y la tecnología, protección de los derechos laborales y ambientales, participación en la toma de decisiones, entre otros temas.
Por último, el contraste entre el RIGI y la propuesta de una Ley de Inversión Nacional refleja dos visiones divergentes sobre el futuro de la minería nacional. Mientras que el RIGI privilegia a grandes inversores y corporaciones extranjeras, la propuesta de una legislación de Inversión Nacional busca fortalecer la industria minera local y promover un desarrollo económico más equitativo y sostenible a nivel nacional.
Comunicado de prensa
ASIJEMIN expresa su preocupación por el impacto desigual del Régimen de Inversión en la Minería (RIGI) en las Pymes y proveedores locales de la industria minera
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) desea expresar su preocupación por el impacto desigual que generaría el Régimen de Inversión en la Minería (RIGI) en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y proveedores locales de la industria minera en nuestro país. Observamos con preocupación cómo este régimen favorece de manera desproporcionada a las grandes empresas extranjeras en términos tributarios, aduaneros y cambiarios, lo cual está generando un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de las Pymes y proveedores locales.
Además, la falta de regulación en términos de porcentaje de insumos y mano de obra nacional podría debilitar considerablemente la capacidad de las Pymes y proveedores locales para competir en igualdad de condiciones en el mercado minero. Desde un punto de vista jurídico, se plantean serias dudas sobre el RIGI, sugiriendo que podría generar enclaves federales en las provincias y concentrar el control de estas inversiones exclusivamente en manos del gobierno nacional, en detrimento de los principios de descentralización y autonomía provincial.
Es fundamental establecer un marco regulatorio equitativo que proteja los intereses de los actores locales y promueva un desarrollo sostenible en la industria minera. Por ello, ASIJEMIN propone la implementación de medidas que aseguren la participación justa y equitativa de las Pymes y proveedores locales en la industria minera, incluyendo acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, transparencia en los procesos de contratación, establecimiento de reglas claras, estímulo a la innovación y la tecnología, protección de los derechos laborales y ambientales, participación en la toma de decisiones, incentivos fiscales y programas de apoyo que fortalezcan su capacidad competitiva y contribuyan al crecimiento económico y social de nuestras comunidades mineras.
ASIJEMIN insta a las autoridades a tomar medidas que corrijan esta disparidad y aseguren condiciones justas para todas las empresas involucradas en la actividad minera en Argentina.
