San Juan sacó ventaja en el desarrollo de la minería del cobre en la Argentina. De las provincias que forman la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino y también en la Mesa del Cobre original (compuesta por los representantes de los proyectos cupríferos más maduros de todo el país), marcó la cancha con una sociedad potente, el arribo de la minera más grande del mundo y una inversión que marca un antes y un después para el país.
No era un misterio que Lundin Mining buscaba un socio para desarrollar Josemaría, un proyecto de US$4.000 millones. Desde ese momento hasta que se concretó, fue todo de Lundin. No hubo pedidos de salvataje, ni llanto ante el Estado para buscarlo. Lo único que se pidió, y es lo que se pide siempre en la industria, es seguridad jurídica para poder invertir a largo plazo.
¿Pero qué hizo el Estado sanjuanino para lograr esa inversión? Si vamos al corto plazo (a la negociación específica de Lundin y BHP), sin conocer los detalles puedo asegurar que no hizo nada, porque no tenía que ser parte. San Juan ya hizo lo que tenía que hacer hace décadas, justo cuando decidió que la minería fuera una política de Estado y entendió que tenía que poner las reglas del juego (jurídicas, tributarias, de control y ambientales) y dejar que la industria hiciera lo suyo, que es invertir y producir. Es muy probable que las autoridades se hayan enterado por los medios de la sociedad para desarrollar Josemaría y Filo del Sol, cuando las compañías decidieron anunciar el acuerdo alcanzado. Es así como funciona la actividad minera, resolviendo las cuestiones que tiene que resolver sin esperar que se lo solucionen.
Sin miedo a equivocarme, el mejor Estado para el desarrollo minero es que el no estorba, que cumple su rol y que después deja que la industria haga lo suyo. Eso no quiere decir que no sea presente, sino que se encargue de poner las reglas, y que no las cambie en el camino, para que cada compañía decida si le parece llamativo invertir en una provincia u otra. Dando por hecho y como base de todo, claramente, que tiene minerales.
En Mendoza, por ejemplo, escuchamos voces que dicen que se harán caminos o se llevarán líneas de alta tensión para atraer las inversiones, una cuestión que es menor si no entendemos que nuestra gran barrera es la Ley 7.722. Esta ley es la clara muestra de la inseguridad jurídica, porque después de ir en 2005 a buscar inversores para exploración minera, en 2007 se aprobó la normativa antiminera que los obligó a irse sin ninguna explicación coherente. De hecho, nos sigue condicionando al punto que se debió inventar un distrito para tratar de instalar una normalidad simulada en el desarrollo de la exploración minera.
Las inversiones mineras no esperan por un camino o una línea de alta tensión, no es lo que necesitan del Estado, sino seriedad y que no se pongan palos en la rueda con leyes como la 7.722. El mejor ejemplo vuelve a ser San Juan, donde Veladero funcionó años a base de diesel, hasta que llegó energía a través de la cordillera desde Chile. Y no se frenó porque no vino el Estado sanjunino a poner una línea de alta tensión. O el mismo Josemaría, no dejó de avanzar porque no tiene un camino construido hasta su campamento (de muy difícil acceso). La industria minera, si es que tiene un proyecto atractivo y reglas claras, busca las soluciones y no espera por el Estado para obtenerlas.
Otro ejemplo de cómo se anticipa a las situaciones, es lo que sucede en Chile, donde uno de los puntos críticos que veía la industria en su desarrollo era el recurso hídrico. Sin esperar que viene el Estado a solucionarlo, se aplicó tecnología para desalar agua de mar y no usar agua continental, aún teniendo los permisos por varios años más. Si vamos a lo más cercano, Wincul S.A., firma que explora Cerro Amarillo, se gastó gran parte de los casi US$15 millones de su primera campaña de exploración en un camino para llegar hasta el lugar en el que iban a desarrollar los sondajes.
La llegada de BHP a San Juan, la minera más importante del mundo, se dio en medio del funcionamiento natural de la industria, a través de una sociedad de una empresa con un buen proyecto como Lundin, buscando una alianza con la top one del sector. Fue clave ofrecer un proyecto atractivo y un Estado nacional que intenta poner normalidad macroeconómica. De hecho, la sociedad sorprendió a todos porque fueron más allá y armaron un proyecto mucho más ambicioso. Más allá de la propia sociedad para construir y explotar Josemaría, sino que pensaron en Filo del Sol -por sus reservas comprobadas y cercanía- para crear un gran proyecto que los ponga en el mapa mundial minero. Eso, por ejemplo, es otra muestra de lo que hace la industria por si sola cuando tiene reglas claras, ve más allá y aumenta la apuesta con ideas innovadoras.
Pensando en algo similar, no es casual que Antofagasta Minerales -el brazo minero del grupo chilenos Luksic- ya esté mirando “con cariño” hacia el proyecto El Pachón. A pocos kilómetros, seguramente ven con buenos ojos la posibilidad de asociarse a Glencore y, por qué no, aprovechar las instalaciones de Los Pelambres -su mina del lado chileno- para el desarrollo de la producción en un yacimiento que tiene muy buenos resultados exploratorios.
Todos estos ejemplos muestran que cuando la política entiende la industria minera y cuando el Estado no pone palos en la rueda, todo es más fácil. No hay que inventar ideas para poder encontrar inversiones y posibilidades de crecimiento, porque la minería es una industria que tiene la capacidad de resolver cuestiones técnicas al nivel que se le presenten, pero que no puede avanzar con inseguridad jurídica o leyes que dejen decisiones inminentemente técnicas en manos del humor o color político de un momento determinado.
