Los legisladores que responden a Raúl Jalil y Sergio Uñac fueron claves para la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones observado por el GAFI.
Seis diputados de Unión por la Patria acompañaron la aprobación del polémico Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Los catamarqueños Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez y los sanjuaninos Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica por San Juan. Son legisladores de provincias con economías atadas a la minería, uno de los objetivos de esta propuesta.
El primer capítulo del RIGI sometido a votación obtuvo 134 votos a favor, 109 en contra y seis abstenciones. Sin el aval de los catamarqueños y los sanjuaninos, el oficialismo hubiese quedado por debajo de los 129 votos, el piso para mantener el quórum.
En rigor, las espadas legislativas que responden al gobernador Raul Jalil operaron fuerte durante toda la noche para convencer a sus pares regionales sobre los beneficios de implementar este esquema en sus provincias. “Desde el despacho de Fernanda Ávila el despliegue fue intenso. Así consiguieron convencernos a los peronistas sanjuaninos”, indicó a LPO un diputado de esa provincia.
Este régimen para incentivar inversiones establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para el ingreso de inversiones para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Entre los numerosos incentivos se destacan la rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel del 0% para importaciones, retenciones del 0% desde el tercer año, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
“El régimen otorga enormes beneficios impositivos a las nuevas inversiones de gran tamaño, como son los proyectos mineros que están para arrancar en San Juan y Catamarca, sobre todo atados a la explotación del litio y el cobre”.
Este sistema encendió las alarmas en el complejo agroexportador y disparó críticas del gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro. “Una aceitera nueva que entra al RIGI no paga derechos de exportación ni tienen que liquidar los dólares. En cambio, empresas que hace años que invierten y pagan sus impuestos cargan sobre si estas restricciones. Una desigualdad fiscal total”, indicaron a LPO desde una importante aceitera. La demanda se replica en todos los sectores que exportan y pagan las retenciones correspondientes. Sectores como aceiteras, pesca, frigoríficos, metalurgia, la industria santafecina y hasta parte de la Unión Industrial Argentina presentaron reparos al régimen.
Otro frente polémico es el que abre las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de activos que puso la lupa en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tal como reveló LPO en exclusiva.
Para este organismo el esquema podría llevar al país a la categoría de guarida fiscal. De hecho la máxima autoridad financiera a escala internacional le hizo saber al gobierno de Milei sus objeciones por las graves fallas de seguridad en la ley ómnibus, que favorecen de manera ostensible el lavado de activos.
Desde los bloques llamados dialoguistas también criticaron con dureza ese capítulo del proyecto de ley bases. “Esto genera inequidad en la competencia y favorece negocios concentrados”, planteó el radical Fabio Quetglas. “Se promueve el desguace del Estado y el traslado de todas las garantías a los actores más grandes del sector privado. Y se violenta el federalismo”, indicó Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal. “Estamos a favor de la inversión, pero no de esta manera”, también tomó distancia Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. También muy crítica, Romina del Plá del Frente de Izquierda lo vinculó al blanqueo incluido en el paquete fiscal.
