Probablemente el 2024 sea un año grato para Ariel Lijo. En principio porque el próximo 7 de octubre se cumplen 20 años de aquel día de 2004 en el que se publicó el decreto 1368 de Néstor Kirchner que lo nombró como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°4 y desembarcó en su despacho del tercer piso de Comodoro Py. Y también porque a la luz del anuncio del gobierno de Javier Milei podría, si acompaña el Senado, integrar la Corte Suprema de Justicia, el Máximo Tribunal del país.
Su nombre comenzó a sonar en las últimas horas, hasta que el Gobierno hizo el anuncio oficial. Antes de eso se trataba de una versión que había generado cierta sorpresa en el ámbito judicial y también en el Ministerio de Justicia, donde insistían con que el ministro Mariano Cúneo Libarona contemplaba varios nombres para la vacante y que gustaría una mujer para ocupar la silla que dejó Elena Highton de Nolasco en octubre del 2021.
De hecho, a fines de diciembre pasado en una entrevista en PERFIL con Jorge Fontevecchia, el ministro ratificó que le gustaría que sea una candidata, pero que la persona elegida debería tener “dos grandes requisitos”. Uno: que sepa Derecho. Y dos: “que tenga sentido común, lógica, calle. Que sea una persona equilibrada. Que sea una persona que entienda lo que pasa en el país. Que sea una persona que tenga criterio”.
Si Lijo cumple con los estándares pretendidos por el ministro de Justicia es una incógnita. Por lo pronto, en la comunicación oficial de la Oficina del Presidente que se conoció esta tarde le destacaron “su prominente carrera judicial en el ámbito penal”.
Un candidato en contra del sistema acusatorio
Sin embargo, hay un dato que torna relevante el anuncio del Gobierno: este juez viene de tomar una postura pública y firme de rechazo a la implementación del Código Procesal Penal que instala el Sistema Acusatorio para la Justicia y pone a los fiscales al frente de las investigaciones.
La explicitó durante un encuentro organizado por el Comité de Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. “Me parece que es un Código que para resolver casos sencillos es fantástico, pero respecto del crimen organizado nos pone en una situación peor”, lanzó en ese entonces al participar de un panel junto a colegas como el ex juez de la Cámara Federal de Casación, Eduardo Riggi; el integrante de ese tribunal, Juan Carlos Gemignani, y otros funcionarios judiciales, además de los directivos de ese Comité.
En ese entonces, Lijo se ganó opiniones negativas por parte de algunos integrantes de los tribunales federales que están de acuerdo con la implementación del sistema acusatorio porque, entre otras cosas, aportaría celeridad y claridad a los procesos judiciales.
Pero la relevancia aparece ahora porque Lijo fue propuesto por el Gobierno justo un día después de que el ministro de Justicia lograra una foto en la Casa Rosada con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el procurador interino Eduardo Casal y la defensora general Stella Martínez, además del presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky. La foto fue la síntesis de una reunión en la que se comprometieron a implementar el sistema acusatorio en la ciudad de Rosario a partir del 6 de mayo próximo. Es decir, el sistema cuestionado por Lijo para enfrentar la criminalidad organizada que afecta a la ciudad santafesina.
Más allá de eso, Lijo es un personaje conocido y relevante en los tribunales federales, que según refieren algunos colegas de ese edificio “se lleva bien con todos”.
Un juez consultado por PERFIL de buena relación con Lijo señaló que es una persona respetada, inteligente y trabajadora. Un “judicial puro” y gran conocedor de la administración de las oficinas judiciales.
Las principales causas que tramitó
Durante sus 20 años en Comodoro Py, Lijo estuvo al frente de una gran cantidad de causas con impacto mediático. Fue quien investigó la difundida Causa Ciccone y mandó a juicio en mayo del 2017 al exvicepresidente Amado Boudou por cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También procesó en 2016 a exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios farmacéuticos por supuesto lavado de dinero en el marco de los aportes a la campaña presidencial 2007 de la expresidenta Cristina Kirchner.
En diciembre de 2016 salió sorteado en la Cámara Federal para quedarse con la denuncia del fallecido exfiscal Alberto Nisman contra Cristina KIrchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. En 2022, además, fue el juez que ordenó allanar la sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, luego de que el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) denunciara supuestas contrataciones irregulares.
Hace dos meses también procesó con prisión preventiva al militante Gastón Mercanzini, que el 10 de diciembre, durante la ceremonia de asunción presidencial, arrojó un botellazo contra Milei, que hirió a un efectivo de la custodia.
Además del N°4, en la actualidad Lijo es subrogante del Juzgado Federal N°6, vacante desde la jubilación de su entocnes titular, Rodolfo Canicoba Corral; y del N°12, donde estaba Sergio Torres, el juez que renunció en 2016 para irse a la Corte Suprema bonaerense.
Lijo está en pareja desde hace varios años con Genoveva Ferrero, ex diputada porteña, ex coordinadora de Compras y Contrataciones de la Policía Metropolitana, administradora judicial y actual consejera de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Además, el candidato del gobierno para la Corte es hermano de Alfredo “Freddy” Lijo, sindicado como un operador judicial con trascendencia adentro de los tribunales federales.
A sus 56 años y como candidato del gobierno junto al académico Manuel José García-Mansilla, deberá enfrentarse a las dificultades parlamentarias que tiene el oficialismo para imponer sus temas. Para convertirse en juez de la Corte, Lijo y el gobierno necesitan conseguir una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Senado. Por ahora, un escenario más que desafiante.
