“No estamos en contra del progreso, sólo queremos que hagan las cosas bien, porque así nos están destruyendo”. El ruego pertenece a Román Elías Guitián, cacique de la comunidad indígena de Atacameños del Altiplano, un pequeño grupo de 20 familias que viven en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca, ubicado en el salar del Hombre Muerto, justo en el radio donde donde se producen casi 30 mil toneladas anuales de carbonato de litio.
Allí, capitales estadounidenses y australianos (hoy fusionados en la minera Arcadium Lithium) extraen el preciado mineral desde hace 26 años, pero en los últimos 10 aumentaron exponencialmente su producción a partir de los extraordinarios precios internacionales que registró el litio, lo que redundó en ganancias sin precedentes para las mineras. La contracara del floreciente negocio es la omisión a los planteos de comunidades de la zona que se resumen en dos reclamos: transparencia en los estudios de impacto ambiental y distribución equitativa de la riqueza.
Según el denuncia del pueblo atacameño, la actividad modificó la naturaleza en el lugar. En concreto, la desaparición del Río de Los Patos, con la impactante imagen de su cauce seco, y el mismo fenómeno en las vegas – llanuras inundables donde se crían animales – generaron la preocupación de la comunidad, que decidió recurrir al Poder Judicial. En las últimas horas, en un sorpresivo fallo, la Corte de Justicia de Catamarca, hizo lugar a la presentación realizada por Guitián y sus vecinos, y frenó en forma preventiva el avance de las obras de nuevos proyectos litíferos en la zona.
“Nunca expusieron los estudios de impacto ambiental, no escucharon nuestras preocupaciones, ni respetaron los procesos de consulta previa, libre e informada, como corresponde según la ley”, se queja el cacique, en diálogo con Infobae, y reitera que sus objeciones no buscan paralizar la actividad económica en la zona, consciente de que existen vecinos que viven de ella, pero insiste en que es algo que debe hacerse respetando las condiciones de vida de todos los habitantes del lugar.
“Nuestra preocupación creció cuando, después de ver cómo se había secado el río, vimos que se habían empezado a secar las vegas. Toda mi familia vive de la ganadería y esta situación afecta a nuestros corderos, nuestras llamas”, sostiene Guitián. El cacique, de 48 años, es padre de 6 hijos y referente del pueblo, ubicado a 551 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de la provincia. Para acceder al lugar es necesario un viaje de casi 9 horas.
Su lucha encontró un primer hito con el fallo de la justicia catamarqueña conocido este jueves, aunque viene de larga data. Buscando sentar una posición racional para la explotación de los recursos minerales, Guitián y su comunidad están realizando objeciones desde hace al menos una década.
Eso llevó a que, en 2020, fuera convocado por el actual gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. Sin embargo, la condición lo hizo declinar el ofrecimiento: “me pedían que apoye a los emprendimientos mineros, aún cuando se veía que estaban haciendo algo ilegal”, aseguró. Aquel episodio terminó en un pequeño escándalo en la provincia, ya que el cacique se enteró que fue nombrado en un cargo de la administración provincial sin haber sido consultado. Cuando tomó conocimiento se trasladó en persona hasta San Fernando del Valle de Catamarca para hacer pública su renuncia.
“Les digo a los hermanos de otras comunidades que sólo buscamos que se hagan las cosas bien, que no nos destruyan a nosotros”, reitera, consciente de que hay vecinos que están a favor de que el negocio del litio continúe. No obstante, esa división también ha sido motivo de reclamos: en una presentación realizada en 2021, el pueblo atacameño manifestó que existe un daño social en la convivencia de los pobladores, a partir de la cooptación de unos y exclusión de otros.
Cómo se extrae litio y qué dijo la Justicia
Las mineras que explotan litio en las provincias de Catamarca y Jujuy – Salta tiene inversiones en proceso que aún no comenzaron a producir – aseguran que el mecanismo de explotación no genera un impacto negativo en el ambiente por una razón: el agua que se utiliza se encuentra en napas subterráneas, a decenas de metros de profundidad bajo los salares. Por ese motivo, afirman, no es consumida ni por animales, ni por seres humanos. Tampoco es utilizada para riego. Una vez que se bombea a la superficie, el líquido se deposita en piletones expuestos al sol. Cuando se evapora, yacen en las piletas toneladas de un polvo blanco con distintos minerales, entre ellos el preciado carbonato de litio.
Todo el proceso descripto, según las mineras, no afecta al resto de los ecosistemas de la zona. Esto, sin embargo, está en discusión. Las comunidades, junto a dirigentes ambientalistas, sostienen que no se puede realizar con certeza la afirmación que esgrimen las empresas, y que los acuíferos indefectiblemente sufren por el movimiento de suelos.
En concreto, la medida cautelar que admitió la Corte en Catamarca, hizo foco en esto: los estudios de impacto ambiental no fueron participativos, no son de acceso público para organizaciones ni entidades especializadas – como podrían ser las Universidades – y tampoco se garantizó el proceso que la Constitución Nacional exige, la consulta previa, libre e informada a las comunidades que habitan las tierras incluso desde antes de la existencia del Estado argentino.
Con esos argumentos, las obras proyectadas podrán ejecutarse recién cuando los procesos de consulta se realicen correctamente. Esto es, de la forma en que el pueblo atacameño lo requiere.
El oro blanco hoy
La expresión “oro blanco” se popularizó el último tiempo por la explosión de la demanda de litio, derivada de la fabricación de autos eléctricos en el mundo en general y en China en particular. Con el gigante asiático fabricando autos híbridos a escala, la necesidad del mineral que se halla en los salares del norte argentino se multiplicó, puesto que es el elemento clave de las baterías que usan los nuevos motores.
Sin embargo, en el sector empresario no resulta cómoda esa calificación. Consideran que genera demasiadas expectativas para una industria todavía incipiente. En esa línea, en los últimos tiempos los referentes de la actividad se encargaron de destacar la caída en el precio internacional de la tonelada de litio, que pasó de tocar los 90 mil dólares a los actuales 15 mil, de acuerdo a los últimos registros de la secretaría de minería de la Nación.
Un dato menos difundido, sin embargo, es el bajo costo que tiene el mineral: producir una tonelada de carbonato de litio cuesta, en promedio, 4 mil dólares. Los datos pueden verse en los balances de las propias mineras. Esa ecuación generó, al menos en los últimos cinco años, una renta difícil de encontrar para cualquier otra actividad económica en el mundo. De hecho, las inversiones de capitales extranjeros en el norte argentino comenzaron a desembarcar en la segunda década de este siglo, cuando el precio era similar al actual.
Por otro lado, el litio es un producto de gran importancia geopolítica: las potencias globales lo cuentan como un factor de poder, descontado que los parques automotores del planeta mutarán, inexorablemente, hacia los motores eléctricos. En ese marco, las comunidades que habitan los salares sostienen dos reclamos: distribución equitativa y justa de la renta y transparencia en los procesos para el cuidado del ambiente.
